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1 millón y medio de empleos destruidos y 100 muertos, pero el blanqueo persiste en la India

August 30, 2018
Dos años después, se puso en tela de juicio la efectividad de la desmonetización de la India para atrapar delincuentes.
Viktoria Dijakovic

Según indica el informe anual del Banco de la Reserva de la India (RBI), solo un escaso 0,7 % de los billetes de la India quedaron fuera de los libros tras el devastador programa de desmonetización desplegado en noviembre de 2016. Efectivamente, y contra todo pronóstico, el 99,3 % de los billetes sin valor de 500 y 1000 rupias se devolvió diligentemente a los bancos mediante su depósito en cuentas durante las semanas posteriores a la retirada de estas denominaciones.

Si el objetivo real del presidente Narendra Modi al adoptar una política monetaria tan drástica era combatir el blanqueo de capitales, el RBI se pregunta ahora si realmente había tanto “dinero negro” en circulación en el país. Dos años más tarde, las repercusiones negativas de la desmonetización de Modi se siguen notando hoy en la vida cotidiana de los ciudadanos de a pie. Las cifras hablan por sí solas: Un millón y medio de empleos destruidos, 100 muertos y una contracción de la economía nacional del 1,5 %.

Y, a pesar de que los pagos digitales han ganado algo de terreno (el otro objetivo de la desmonetización), el uso del efectivo se ha disparado: el valor de los billetes en circulación aumentó un 37,7 % el año pasado. “El coste para la población ha sido alto y, según mis cálculos, hemos perdido aproximadamente un año de crecimiento económico. Para resolver el problema del empleo en la India, es necesario crecer en torno al 8 % durante 20 años”, apunta el economista Gurchuran Das, en una entrevista para The Guardian

La India es uno de los países donde más se utiliza el efectivo y, si bien la lucha contra la evasión fiscal y el blanqueo de capitales es una causa noble, ¿es una justificación válida para doblegar a toda una nación y amenazar el sustento de millones de ciudadanos? El caso indio demuestra claramente que las decisiones políticas deben estar respaldadas por hechos y que el deseo de estrechar el cerco alrededor de los delincuentes requiere mayor planificación que simplemente retirar de la circulación las denominaciones más populares de un país. 

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