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Criptomonedas: ¿Culpables de los cargos?

Categorías : Cash does not require a technology infrastructure
February 14, 2019
Publicado en : Bitcoin, Cash, Cryptocurrency
Si bien los entusiastas del dinero digital acusan al efectivo de facilitar mucha de la actividad delictiva del mundo, los hechos demuestran que las criptomonedas no son tan inocentes como quisiera pensarse.

La innovación digital puede traer aparejados cambios positivos pero, como en todo, tiene su lado oscuro; y este se hace especialmente visible en el ámbito de los pagos, donde los avances tecnológicos pueden transformarse en aliados de la actividad delictiva transnacional. Las criptomonedas fueron creadas para ofrecer una alternativa al dinero usado en las transacciones. Además de los beneficios invocados, las criptomonedas eran especialmente apreciadas por su potencial de reducir los riesgos de corrupción y fraude.
Desafortunadamente, a medida que más y más personas quedaban fascinadas con esta nueva forma de dinero, su competencia tradicional — el efectivo — se enfrentó a una reacción de los gobiernos y las autoridades del orden, tras haber sido etiquetado como cómplice necesario de la delincuencia.

Si bien muchos se apresuran en culpar al dinero en efectivo, cabe tener en cuenta que pese a ser innovadoras, las monedas digitales pueden no ser tan inocentes como sus partidarios nos quieren hacer creer. En un artículo escrito por Jason Bloomberg, columnista de Forbes, nos enteramos de que las ocho transacciones más populares con criptomonedas están mayormente ligadas a actividades ilegales tales como operaciones en la darknet (red oscura), blanqueo de capitales, secuestro de archivos a cambio de rescate, robo y piratería informática, entre otros.

En septiembre de 2017, Jamie Dimon, Consejero Delegado de JP Morgan afirmó que Bitcoin solo es apto para ser usado por narcotraficantes, asesinos y gente que vive en Corea del Norte. Quizás haya sido una declaración algo dura para muchos, pero la realidad es que la falta de transparencia de estas monedas digitales no tardó en ser identificada como una activo para quienes se nutren del flujo ilegal de bienes y servicios. Sin embargo, en ausencia de reglamentación, no nos sorprende que estas monedas virtuales hayan atraído a personas como traficantes de personas y narcotraficantes. Un estudio realizado en 2017 por la Universidad de Sydney demostró que casi la mitad de todas las transacciones realizadas con bitcoin (44 %) — un total estimado de 36 millones de transacciones por año, que suman un valor total de 72 000 millones de USD para ser exactos — estaban asociadas con actividades ilegales.

Si el peligro con el efectivo es que, ante un robo, se pierden todas nuestras pertenencias, al menos el daño se limita a la cantidad que uno lleva en la cartera. De hecho, contrariamente a lo que se cree, el robo de criptomonedas es una realidad y ha crecido enormemente a 927 millones de USD en los primeros nueve meses de 2018, en tanto los países con escasa reglamentación para prevenir el blanqueo de capitales lavaron bitcoins por valor de 2 500 millones de USD desde 2009, escribe CipherTrace Cryptocurrency Intelligence en su Informe sobre prevención de blanqueo de capitales con criptomonedas. Más aún, las transacciones con criptomonedas son “lentas y costosas, con tendencia a la congestión, y no logran adecuar su escala a la demanda”, afirma el Banco de Pagos Internacionales.

En conclusión, el panorama de los pagos se parece más a una pintura de Pollock que a una de Monet: es demasiado simple culpar al efectivo de todos los males. El efectivo es una herramienta y, como tal, se comporta del modo en que se comporta el usuario final. Esto se aplica a todas las herramientas, lo que incluye a Bitcoin o a las criptomonedas. La pregunta que debe formularse hoy no es quién es el culpable, sino cuál es la mejor forma de minimizar las actividades delictivas. El eje del debate debe ser una comparación del alcance de los daños del efectivo y de las criptomonedas porque, a fin de cuentas, una herramienta es tangible y la otra, no tanto. Se necesita una buena combinación de reglamentación y adopción de políticas de diversidad de pagos para poder contener el riesgo.

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