En muchos países cada vez se es más consciente de la disminución del uso del efectivo para las transacciones cotidianas y de la reducción de la infraestructura para su distribución. Los cambios se han acelerado con la crisis del Covid-19 y, más recientemente, los proyectos de moneda digital de los bancos centrales han añadido más incertidumbre sobre el uso futuro del efectivo. Algunos han acogido favorablemente esta evolución en aras de la modernización y la eficiencia económica.

¿El efectivo como bien público?

Sin embargo, también ha habido voces que han llamado la atención sobre los beneficios colectivos que permite el efectivo -como la protección de la privacidad, los pagos sin comisiones, la estabilización en tiempos de crisis, la resiliencia y la inclusión social y económica-, así como su arraigo duradero en nuestras prácticas sociales y culturales. Estos autores también han argumentado que el efectivo es una salvaguarda frente a las vulnerabilidades de los sistemas de pago electrónicos en caso de catástrofes naturales, ataques digitales o guerras. Sin embargo, esta literatura es relativamente reciente y aún debe consolidarse. Es necesario seguir profundizando en ella para avanzar en el debate y trazar directrices significativas para la política futura.

Definir el efectivo como un bien público o un derecho básico son dos posibles enfoques para aprehender estos aspectos deseables del efectivo, con importantes implicaciones políticas; para los economistas, los bienes públicos se definen por dos criterios: (i) no rivalidad – mi consumo del bien no afecta al consumo de los demás – y (ii) no excluibilidad – no hay forma de impedir que todo el mundo los utilice imponiendo una comisión. Estos bienes están sujetos al llamado problema del free-rider (gorrón): la mayoría de los consumidores harán uso de ellos sin pagar y, en consecuencia, su producción será insuficiente (o no se producirá en absoluto) a menos que el gobierno intervenga para garantizar una financiación suficiente; sin embargo, no tiene por qué asumir la responsabilidad de su provisión directa.

Algunos argumentan que el efectivo no cumple los criterios de un bien público. Mientras que, por lo general, nadie está excluido de utilizar efectivo, los saldos de efectivo son rivales, ya que no pueden ser poseídos o gastados por dos personas simultáneamente.

Sin embargo, otros argumentan que si el efectivo se considera no como una mercancía sino como una institución o una infraestructura, el ecosistema del efectivo puede ser utilizado por todos simultáneamente sin afectar negativamente a su uso por los demás. Otros sostienen que, aunque el efectivo no sea un bien público, algunos de sus atributos fundamentales sí lo son. Por ejemplo, todo el mundo se beneficia de la privacidad, la inclusión social y una forma de dinero resiliente en caso de ciberataques o fallos de la red eléctrica.

Sin embargo, ambos caminos conducen al mismo obstáculo: el análisis económico de los bienes públicos sólo es útil para determinar el nivel óptimo de una única dimensión cuantitativa. Por ejemplo, en el caso del aire limpio, la cantidad óptima de emisiones de CO2. Sin embargo, el sistema monetario, la privacidad o la inclusión son nociones complejas y abstractas como para reducirlas a una sola dimensión. Por lo tanto, el problema no se centra tanto en las cantidades como en replantear las características del efectivo para que pueda proporcionar mayores beneficios económicos.

¿El efectivo como derecho básico?

El enfoque alternativo del efectivo como bien público se basa en la tradición de los derechos civiles y políticos para afirmar que el efectivo es un derecho básico. Los derechos básicos pretenden garantizar un mínimo de equidad a todos los miembros de la sociedad sobre la base de valores comunes, entre los que deberían incluirse la privacidad de los pagos o la inclusión económica que permite el efectivo. Las implicaciones políticas de este enfoque son ligeramente diferentes. Por un lado, el objetivo político general es más sencillo que en el marco de los bienes públicos de la economía: garantizar el acceso y el uso del efectivo para todos. Por otra parte, el aprovisionamiento público no es la única forma de alcanzar este objetivo: el Estado podría utilizar su soberanía para establecer los incentivos adecuados o imponer obligaciones al sector privado (con el resultado dependiendo de la capacidad del Gobierno para garantizar el respeto de estas obligaciones). También hay que abordar otras cuestiones operativas. Otorgar al efectivo el estatus de derecho fundamental puede requerir modificar las constituciones de los países y, por tanto, un amplio grado de acuerdo, lo que puede no ser fácil de conseguir. A su vez, un eventual derecho al efectivo podría chocar con otros derechos fundamentales, poniendo en peligro los efectos prácticos de una reforma de este tipo.

Aunque definir el efectivo como un bien público o un derecho fundamental puede llevar a atribuir al Gobierno -o a una institución designada por éste- el deber de garantizar la continuidad del efectivo, pasar de la teoría a la práctica implica abordar tres cuestiones clave. En primer lugar, ¿cómo debe ser el proceso de toma de decisiones? ¿Debe estar abierto a la consulta pública o dejarse exclusivamente en manos de especialistas? En segundo lugar, ¿cómo deben definirse los objetivos operativos concretos, como parámetros cuantitativos (por ejemplo, un tiempo y un cost0 máximos para acceder a un cajero automático) o valoraciones algo más cualitativas (como la satisfacción de los ciudadanos con el estado de las cosas)? En tercer lugar, ¿cómo deben alcanzarse los objetivos operativos? ¿Puede el ciclo del efectivo sustentarse únicamente en las fuerzas del mercado? ¿Debe contribuir el Estado y, por tanto, el contribuyente? ¿Podría el sistema de pagos apoyar el ecosistema del efectivo al proporcionar a los usuarios inclusión, resiliencia y capacidad de elección? Alternativamente, también podríamos optar por replantear la infraestructura actual, ya sea apoyándonos en innovaciones privadas de tecnología del efectivo, en innovaciones del sector público o en asociaciones público-privadas. En cualquier caso, habrá que decidir quién soportará la carga de financiar la infraestructura de efectivo ideal (desde el punto de vista de la sociedad). Por último, pero no por ello menos importante, es esencial explorar cómo cada modelo de efectivo está en línea o en desacuerdo con el trabajo en curso sobre las monedas digitales de los bancos centrales, otra forma de dinero público.

Únase a nosotros en la Conferencia sobre el Futuro del Efectivo (Future of Cash Conference) que se celebrará en Estambul el 6 de noviembre a las 13.30 horas. Asistirán Ursula Darlinghaus (Profesora Asistente de Antropología en el Departamento de Sociología y Antropología del Ripon College), Frédéric Allemand (Investigador en el Instituto Robert Schuman de la Facultad de Derecho, Economía y Finanzas de la Universidad de Luxemburgo), Tim Stuchtey (Director Ejecutivo del Instituto de Brandenburgo para la Sociedad y la Seguridad), Franz Seitz (Profesor Asociado de la Universidad Técnica de Ciencias Aplicadas de Weiden), Carin van der Cruijsen (investigadora principal del De Nederlandsche Bank) y Héctor Labat Moles (Investigador de CashEssentials).

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