Efectivo: Garantizar una transición digital justa, inclusiva y segura

La Plataforma DENARIA organizó una conferencia en Madrid el 24 de abril, con la colaboración de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), para reflexionar sobre la exclusión financiera, que afecta a gran parte de la población.

La conferencia hizo hincapié en el papel del efectivo en el funcionamiento de la sociedad, ya que garantiza la cohesión social amenazada por la agresiva digitalización. El euro físico es de curso legal, y su acceso, como servicio esencial de pago, es un derecho legalmente reconocido que garantiza la inclusión financiera de todos los grupos sociales.

La preocupación por el fraude y la privacidad, el mantenimiento de una infraestructura de distribución de efectivo, el impacto medioambiental y otros riesgos están en el centro del debate porque afectan a los derechos individuales, a la seguridad nacional y al propio modelo de sociedad democrática. Es imprescindible analizar las consecuencias sociales de la discriminación de un medio de pago como el efectivo, así como los efectos de la transición digital en términos de privacidad y el impacto sobre el medio ambiente.

Luis Martínez-Sicluna, Secretario General de la FEMP, destacó que los Gobiernos Locales están en primera línea para dar respuesta a los problemas de los ciudadanos y son actores clave. Las Administraciones Públicas deben garantizar el acceso al efectivo porque preserva el derecho de los ciudadanos a elegir el medio de pago, subrayando la necesidad de actuar en este sentido y, en particular, de hacer frente al reto demográfico.

En las zonas rurales es donde está más extendido el uso del efectivo. Sin embargo, la ausencia de cajeros automáticos y servicios bancarios para acceder al efectivo y las limitaciones de la población, a menudo de edad avanzada, para realizar pagos digitales hacen que los residentes sean vulnerables. La colaboración público-privada es necesaria para resolver este problema en muchos municipios. La falta de acceso al efectivo está estrechamente vinculada a la exclusión financiera, y los municipios y provincias están a la vanguardia de los problemas en este ámbito.

El Presidente de la Plataforma DENARIA, Javier Rupérez, se refirió al efectivo como el instrumento monetario más democrático, un derecho de los ciudadanos que siempre funciona. Destacó que el efectivo sigue siendo el principal medio de pago para muchos consumidores en España, y casi el 70% de los ciudadanos lo considera muy importante en su día a día. Rupérez señaló que a pesar de la reducción sustancial del número de cajeros automáticos en España, cerca de 2,000 cada año en los últimos años, el valor del dinero retirado ha crecido considerablemente, hasta casi alcanzar los valores previos a la pandemia de 2023, previendo que los retiros alcancen un máximo histórico este año, batiendo el récord alcanzado en 2019. Los ciudadanos se ven obligados a aumentar el importe medio de los retiros: la media para 2023, de 180 euros, es casi un 31% superior a la de 2019.

Rupérez alertó sobre la discriminación de la Comisión Europea hacia el dinero físico frente al digital.

“La actual propuesta legislativa de la Comisión Europea legitima un sistema con dos formas de dinero público (físico y digital) con regulaciones nada homogéneas, cuando debería existir una neutralidad en las condiciones de aceptación y acceso de ambos medios de pago, tal y como han manifestado los propios bancos centrales en diferentes ocasiones.”

Ruperez también destacó el concepto de efectivo como reserva estratégica.

“La intención de Denaria es considerar el efectivo como un activo esencial en el marco de la seguridad nacional frente a los riesgos y amenazas derivados de una interrupción en el acceso, disponibilidad y usabilidad del dinero.”

Al mismo tiempo, recordó la obligación de los comerciantes de aceptar pagos en efectivo, tal y como establece la Ley de Consumidores y Usuarios en vigor desde mayo de 2022. A mediados de 2023, Denaria abrió un canal de denuncias para los ciudadanos en su página web. El presidente de la plataforma destacó la anomalía de la prohibición del pago del alquiler en efectivo, incluida en la Ley del Derecho a la Vivienda, “una decisión que perjudica en mayor medida a los colectivos más vulnerables.” Uno de los objetivos de la asociación es aumentar el límite del pago en efectivo, que actualmente se sitúa en 1,000 euros, mientras que en otros países oscila entre los 3,000 y los 10,000 euros.

Significativamente, el propio Banco Central Europeo consideró en 2022 desproporcionada la reducción del límite de pagos en efectivo aprobada entonces por el Gobierno. Rupérez advirtió de la desproporción entre el límite de pagos en efectivo fijado en 1,000 euros por el Gobierno de España y el tope de 10,000 euros de la propuesta de la Comisión Europea. Criticó la obsesión por asociar el dinero en efectivo con el fraude porque la tecnología ha complicado la trazabilidad de los flujos financieros ilegales. Señaló que el sindicato del Ministerio de Hacienda español descubrió que los particulares más ricos, las multinacionales y las grandes empresas representan alrededor del 75% del fraude total. En comparación, los autónomos y los particulares sólo representan el 11% de esta brecha fiscal.

A lo largo de la conferencia se hizo hincapié en que el efectivo es el medio de pago preferido por muchos ciudadanos por varias razones, entre ellas la seguridad que proporciona, la garantía de privacidad y la facilidad para controlar el gasto.

La situación del efectivo en España: Necesidad de medidas eficaces y buenas prácticas

Debido a la concentración bancaria y al cierre de sucursales bancarias, la Diputación de Badajoz optó por un modelo público-privado que instaló cajeros automáticos de última generación en 35 municipios con un total de 15,000 habitantes. El resultado ha sido un éxito, con más de 350,000 operaciones y 40 millones de euros en movimientos. Este modelo escalable puede replicarse en nuevos barrios de ciudades que aún no cuentan con sucursales bancarias.

La Diputación de Palencia cree en el compromiso de que las personas que viven en el medio rural tienen derecho a ser atendidas en las mismas condiciones que en las ciudades. Por este motivo, puso en marcha un programa piloto en 66 municipios. Este programa consiste en una oficina móvil con un profesional financiero para mantener la relación personal cliente-entidad. Atiende a 30,000 personas cada mes, lo que representa el 50% de la población rural.

El Presidente de la Diputación Provincial de Almería destacó la libertad, autonomía y privacidad que ofrece el efectivo. En cuanto a las medidas adoptadas por la Diputación de Almería para garantizar su acceso, cuando 33 municipios almerienses carecían de acceso a servicios financieros, se puso en marcha un proyecto para instalar cajeros automáticos en todo el territorio, que supuso 300,000 transacciones por valor de 50 millones de euros. El número de reintegros aumentó un 30%, lo que corrobora su éxito. Hoy, la provincia de Almería no tiene exclusión financiera y todos sus ciudadanos tienen acceso al efectivo.

Pagos digitales y privacidad

El Director General de la Agencia Española de Protección de Datos destacó la accesibilidad, universalidad y capacidad de reflexión a la hora de pagar en efectivo y recordó que más del 23% de los ciudadanos españoles no tiene cuenta bancaria. Por el contrario, los riesgos asociados a los pagos digitales incluyen problemas de ciberseguridad, protección de datos y consecuencias sobre el desarrollo cognitivo, la compulsividad y la salud mental, especialmente en niños y jóvenes.

El presidente de la FNMT-RCM subrayó que el efectivo es un sistema de pago utilizado por el 90% de los ciudadanos del mundo y es universal, sostenible e inclusivo. También recordó que, aunque los pagos digitales han llegado para quedarse, hay que tener en cuenta los riesgos asociados para la privacidad y la protección de datos. No se trata de dejar de utilizar un método de pago u otro, sino de garantizar que los datos de los ciudadanos no se utilicen sin autorización.

Diferentes métodos de pago y su efecto en el medio ambiente

Antonio Arrieta, experto principal en I+D sobre billetes del Banco Central Europeo (BCE), informó de que la huella medioambiental de los billetes equivale a recorrer 8 km con un coche normal. La prioridad del BCE es mantener el efectivo sano y sostenible. El BCE está trabajando para comprender el impacto medioambiental de principio a fin de los billetes como instrumento de pago, con el fin de identificar otros aspectos del ciclo de vida que puedan servir para reducir los efectos ecológicos de los billetes. No se dispone de ninguna medida comparable en relación con los pagos digitales utilizando la metodología de la Huella Ambiental de Producto de la Comisión Europea, que abarca 16 categorías medioambientales y no sólo el impacto del CO2.

Manuel Giménez Rasero, Director Ejecutivo de la Asociación Española de Centros de Datos, afirmó que los centros de datos son la columna vertebral de los pagos digitales y en efectivo. Defiende la libertad de elección y la pluralidad de opciones. Sostiene que una generación más sostenible de medios de pago requiere trazabilidad y transparencia de la relación entre los centros de datos y el sector público.

Conclusión

El Director General de Consumo del Ministerio de Consumo español, Daniel Arribas, defendió que el efectivo es crucial para una transición digital justa, inclusiva y segura. Está firmemente comprometido con el reconocimiento del derecho a utilizar dinero en efectivo, que se incluirá en 2022 en la legislación española sobre consumidores y usuarios. También valora muy positivamente el canal de denuncias de Denaria y considera necesario avanzar en este ámbito para que no se infravalore el efectivo.

La jornada se cerró con una conclusión clara: las administraciones públicas deben contribuir aún más a preservar el acceso al efectivo y difundir la existencia de acciones de colaboración público-privada que se llevan a cabo en este ámbito. El impulso de las administraciones públicas debe ser una prioridad en las futuras actuaciones para hacer frente a los retos demográficos en los municipios con menor población, donde hay más personas con dificultades para utilizar otros medios de pago, mayores tasas de envejecimiento y menores competencias digitales.

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