El BCE insta a Grecia a renunciar a las limitaciones a los pagos en efectivo. ¿Y el resto de países?
El 19 de noviembre de 2019, el Banco Central Europeo (BCE) recibió una petición del Ministerio de Hacienda griego para que emitiera un dictamen sobre determinadas enmiendas al proyecto ley fiscal que pretendían ampliar las actuales restricciones fiscales al uso del efectivo. Según el gobierno griego, la medida tiene por objeto combatir la evasión fiscal y ampliar la base imponible. El proyecto de ley endurece las medidas ya adoptadas en 2016 que promueven un uso más amplio de los instrumentos de pago electrónico en Grecia.
La primera medida exige a los contribuyentes liquidar una determinada cantidad de sus gastos mediante pagos electrónicos. En caso de no alcanzarse esa cuota mínima, se aplica un impuesto adicional del 22 % por la diferencia, y los contribuyentes pierden la posibilidad de beneficiarse de los créditos al impuesto sobre la renta actualmente vigentes. Las cuotas se basan en los grupos de ingresos actuales y van del 10 % al 20 %. El proyecto de ley propone incrementar la cuota hasta el 30 %.
La segunda medida prevé la prohibición de los pagos únicos en efectivo para la adquisición de bienes y servicios que superen los 500 euros en transacciones entre consumidores y empresas, y que dichos pagos solo puedan realizarse por medios electrónicos. El proyecto de ley propone rebajar el importe hasta los 300 euros.
Para el BCE “sería necesario demostrar que con dichas limitaciones se podría lograr de manera efectiva la finalidad pública declarada de combatir la evasión fiscal”. En 2018, tras dos años de consultas, la Comisión Europea decidió no imponer limitaciones a los pagos en efectivo en el conjunto de la UE y determinó que “aunque a menudo existe una asociación entre el fraude fiscal y el uso del efectivo, el estudio demuestra que la relación entre ambos no siempre es inequívoca”. La Recomendación 2010/191/UE de la Comisión Europea establece que la aceptación de pagos en efectivo debería ser la norma, pero reconoce que el efectivo puede rechazarse por motivos relacionados con el “principio de buen fe”, sin que ello constituya una vulneración del carácter de moneda de curso legal del dinero en efectivo.
El BCE considera que “el límite actual de 500 euros para los pagos en efectivo en transacciones entre consumidores y empresas, así como los nuevos incentivos fiscales que disuaden a las empresas de realizar gastos en efectivo de más de 300 euros, resultan desproporcionados en vista de las posibles repercusiones negativas para el sistema de pagos en efectivo”. Las transacciones en efectivo que superen los umbrales definidos deberían permitirse siempre que las partes estén en condiciones de garantizar la trazabilidad del pago indicando el importe, el motivo de la transacción y las partes interesadas.
Cabe señalar que 17 de los 28 Estados miembros de la Unión Europea han introducido limitaciones a los pagos en efectivo. Los umbrales establecidos varían sustancialmente, tal y como se muestra en el siguiente gráfico publicado en el Estudio Ecorys-CEPS sobre una iniciativa de la UE para restringir los pagos en efectivo, y oscilan entre los 500 euros en Grecia hasta los más de 14 000 euros en Polonia.
En el reciente discurso pronunciado con motivo de la firma de los billetes de euros, Christine Lagarde, Presidenta del BCE, declaró lo siguiente: “Pero el euro es algo que todos compartimos. Constituye el símbolo más tangible de la integración europea, un proceso que ha traído paz, libertad y prosperidad a nuestro continente”. Quizás ha llegado el momento de renunciar a las restricciones al uso del euro.
This post is also available in:
