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¿Es discriminatoria la sociedad sin efectivo?

Categorías : El efectivo es un bien público, El efectivo está disponible para todos los usuarios
August 21, 2020
Etiquetas : Acceso a efectivo, Aceptación del efectivo, Coronavirus, Reglamentación
Un estudio reciente de la Mint Directors Conference y las casas de la moneda asociadas ha confirmado que la COVID-19 ha acelerado el uso de los pagos digitales, y que el cambio hacia las transacciones sin contacto ha puesto de manifiesto las desigualdades.
Ross MacDiarmid

Secretary-General,

Mint Directors Conference

Un estudio de las entidades asociadas de la Mint Directors Conference (MDC), en el que han participado 6 000 personas de Europa y Australia, confirma que muchos minoristas rechazan totalmente los pagos en efectivo, dejando fuera a los grupos sociales que no cumplen los requisitos para obtener tarjetas o no pueden permitirse métodos de pago sin efectivo.

Se trata de personas que no tienen los medios financieros o la capacidad de recurrir a los pagos digitales. Es posible que no puedan permitirse un smartphone, que no puedan acceder a una tarjeta de débito o que carezcan de los conocimientos tecnológicos necesarios para utilizar métodos de pago sin efectivo.

Existen dos grupos en particular con menor capacidad para participar en los pagos sin efectivo: los ancianos y las personas sin recursos económicos o desfavorecidas.

Cuando tienen dificultades para acceder a los comercios, las personas que pertenecen a ciertos grupos de bajos ingresos bien se ven obligadas a recurrir a los pagos sin efectivo –con los consiguientes efectos que conlleva, como las penalizaciones económicas en forma de comisiones por descubierto–, bien se sienten incapaces de comprar bienes básicos, como por ejemplo, alimentos.

Entre el 10 % y el 27 % de los encuestados eran incapaces de comprar productos

Nuestro estudio señala que entre el 10 % y el 27 % de los encuestados (dependiendo del país) no había comprado productos en un momento determinado al ser informados en la tienda de que no se aceptaban pagos en efectivo.

Las diferencias no se limitan a los países incluidos en la encuesta de la MDC. Los afroamericanos tienen menos probabilidades de tener cuentas bancarias que otros grupos de población en los Estados Unidos, según un informe publicado en junio por el Banco de Pagos Internacionales (BIS); esta misma situación se da en los grupos de bajos ingresos en Europa.

De media, el 37,5 % de los participantes en nuestra encuesta reconocían que los comercios habían influido en su uso del efectivo. Aparte de tener sus propios motivos, principalmente relacionados con la higiene (por influencia de las noticias y de sus propias indagaciones), la actitud de los comercios parece ser el desencadenante más importante del cambio en el comportamiento de pago. No obstante, alrededor de la mitad de los encuestados tenían previsto regresar a los mismos niveles de utilización del efectivo que antes de la COVID-19, mientras que un 44 % apostaba por utilizar menos el efectivo tras la pandemia.

Un aspecto también importante es que no todos los negocios quieren prescindir del efectivo. Los pequeños negocios suelen asumir los costes más elevados de los pagos con tarjeta, y el informe del BIS también demuestra que las transacciones en efectivo siguen teniendo menores costes de procesamiento en el punto de venta.

Los pequeños negocios son los perdedores en una sociedad sin efectivo

Nuestro estudio indica que los pequeños negocios consideran que el cambio hacia los pagos sin efectivo les sitúa en desventaja. En Australia, los pequeños negocios se consideraban los perdedores en una posible sociedad sin efectivo, que "otorgaría mayor control a las instituciones y a los bancos". También tenían una clara percepción de que las nuevas tecnologías resultaban muy costosas para los negocios en términos de comisiones a los comercios.

En una sociedad sin efectivo, no solo los grupos con desventajas tecnológicas son los únicos vulnerables a una discriminación, a menudo no intencionada. Los sesgos intencionados y no intencionados pueden surgir a partir de los perfiles de datos que crean las empresas de tecnología financiera con acceso a los hábitos financieros y las redes sociales de los clientes, una información que también puede compartirse con terceros, venderse para obtener un beneficio o ser objeto de piratería.

¿Quién es el responsable de la inclusión financiera de los ancianos, los pobres y las personas con discapacidad?

Las conclusiones del estudio son un recordatorio urgente de la necesidad de que los gobiernos protejan la inclusión financiera de las personas que no pueden participar en el entorno digital. Esta preocupación apremiante es anterior a la COVID-19, como demuestra el informe publicado el año pasado en el Reino Unido, elaborado por un comité restringido del Tesoro que reclamaba la intervención del gobierno. A principios de este año, un informe del Institute for Public Policy Research del Reino Unido sostenía que trazar la transición hacia una economía cada vez más digital para hacer justicia económica exigirá un acceso continuo al efectivo, además de un mejor acceso a servicios financieros digitales que funcionen para todos.

"Las barreras a las que se enfrentan las comunidades de todo el Reino Unido para acceder al efectivo y poder utilizarlo son cada vez mayores. Ante el envejecimiento de la población y la baja confianza en los pagos digitales entre amplios grupos de consumidores, es evidente que las soluciones digitales deberán adaptarse para dar respuesta a unas necesidades muy diversas de la población, y que el efectivo seguirá teniendo un papel fundamental como medio de pago de acceso universal".

Algunos gobiernos, como el francés, ya han declarado ilegal el rechazo del efectivo en los comercios o el cobro de un precio distinto a los clientes en función del tipo de pago que utilicen. En el caso de Suecia, donde la mayoría de los ciudadanos estaban en un principio contentos con el cambio a una sociedad sin efectivo, existe un creciente rechazo y el gobierno sueco ha intervenido para aprobar un reglamento que obliga a los bancos a ofrecer un nivel mínimo de servicios de efectivo.

Leyes y reglamentos para proteger el efectivo

Para garantizar que todos los grupos sociales puedan participar plenamente – y, en algunos casos, sobrevivir –, los gobiernos deberían estudiar la introducción de reglamentos y leyes que protejan la aceptación del efectivo. Exigir a los bancos y a los negocios que sigan admitiendo el efectivo podría actuar como una red de seguridad para que nadie quede excluido.

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