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Gravar las transacciones digitales para financiar la recuperación tras la COVID-19

Categorías : Cash ensures competition among payment instruments, Cash is a public good, Sin categorizar
May 14, 2020
Publicado en : Coronavirus, Electronic, fiscalidad, Impuesto
El matemático Ivar Ekeland y el economista Jean-Charles Rochet recomiendan la aplicación de un impuesto del 0,3 % a todos los pagos electrónicos para financiar la recuperación económica tras la pandemia.
Guillaume Lepecq

Un microimpuesto a todas las transacciones electrónicas

En su nuevo ensayo titulado "It is necessary to tax financial speculation" (Es necesario gravar la especulación financiera), el matemático Ivar Ekeland, expresidente de la Universidad Paris-Dauphine, y el economista Jean-Charles Rochet, profesor de la Universidad de Ginebra y del Massachusetts Institute of Technology (MIT), recomiendan la aplicación de un impuesto del 0,3 % a todas las transacciones electrónicas, es decir, a las transferencias monetarias entre cuentas bancarias de particulares y empresas, para financiar, por una razón de justicia, una parte (sustancial) de las necesidades para la reconstrucción económica tras la pandemia de la COVID-19 y "reorientar los intereses individuales hacia el bien común".

Jean-Charles Rochet goza de gran reconocimiento en el mundo de los pagos y ha publicado numerosos artículos sobre los aspectos económicos de los pagos y los intercambios, incluido un artículo fundamental sobre mercados bilaterales escrito junto con Jean Tirole, Premio Nobel de Economía en 2014. El artículo "Co-operation Among Competitors: Some Economics of Payment Card Associations" (Cooperación entre competidores: aspectos económicos de las asociaciones de tarjetas de pago) ha revolucionado la forma en que economistas, reguladores y autoridades antimonopolio abordan las comisiones de intercambio y otros aspectos del negocio de los pagos. Tirole y Rochet también son los creadores del tourist test utilizado por la Comisión Europea y otros organismos para examinar la regulación de las comisiones de intercambio. El test indica el nivel de la tasa multilateral de intercambio (TMI) al que los comerciantes aceptan indistintamente efectivo o tarjetas. Este nivel de tasa garantiza que los comerciantes no deben hacer frente a gastos superiores al valor de los beneficios netos de las transacciones que les proporciona el uso de tarjetas en comparación con el efectivo.

La idea de gravar las transacciones financieras en momentos de crisis dista de ser novedosa. El ejemplo histórico más conocido es el impuesto sobre transmisiones de acciones que incorporó Gran Bretaña en 1694 para financiar una guerra contra Francia. Aunque inicialmente se creó para un período de cuatro años, este impuesto sigue vigente en la actualidad.

Tras la crisis financiera mundial de 2008, Francia aprobó en 2012 un impuesto sobre la compra de acciones, pero apenas genera ingresos. Fruto de la presión ejercida por el sector financiero, las transacciones de alta frecuencia, que representan la mayor proporción de los intercambios, están exentas de este impuesto. Además, los bancos ofrecen acuerdos complejos a sus principales clientes para evitar el impuesto.

Transacciones diarias por valor de 6,5 billones de USD

Solo las transacciones diarias en el mercado extrabursátil para derivados de tipos de interés superaron los 6,5 billones de USD a escala mundial. ¡Todos los días! No obstante, la pregunta es cómo gravar dichas transacciones sin inventar un sistema fiscal laberíntico y sin desestabilizar el sistema financiero. El economista Edgar Feige tuvo una idea extraordinariamente sencilla: cobrar el impuesto en el punto de llegada de todas esas transacciones, es decir, en la cuenta bancaria.

Ekeland y Rochet proponen, al igual que hizo Feige, aplicar un microimpuesto de en torno al 0,3 % sobre todos los pagos electrónicos; es decir, sobre todas las transferencias monetarias entre cuentas bancarias de particulares y empresas. No obstante, podría ser injusto gravar todos los pagos de manera indiscriminada, incluidos aquellos que no correspondan a transacciones financieras, sino a actividades económicas vitales, en los que intervienen hogares modestos. Por desgracia, según los autores, es la única manera sencilla de poner fin a todas las actividades de evasión fiscal y de presión del sector, culpables de que todos los impuestos sobre transacciones financieras aplicados hasta la fecha resulten sumamente ineficientes.

Sin apenas repercusión en los hogares con ingresos medios

Además, dicho impuesto apenas repercutiría en los hogares con ingresos medios. Tendrían que pagar el impuesto dos veces: cuando se reciba el dinero y cuando lo gaste. Por tanto, la carga total para la inmensa mayoría de hogares giraría en torno al 0,6 % de sus ingresos, cantidad que incluso quedaría neutralizada si se reduce el impuesto sobre las ventas.

Por otro lado, los hogares que cuenten con una cartera financiera de gran volumen, lo que supone especular de manera activa en los mercados financieros, estarían sometidos a una imposición sustancial. Por consiguiente, a diferencia del IVA, el microimpuesto sería progresivo, ya que los hogares ricos "consumen" más pagos que otros, y solamente serviría para desincentivar determinadas actividades especulativas sin una clara utilidad social.

La recaudación del impuesto también es muy sencilla (una línea de código de un software de gestión de cuentas bancarias) y muy difícil de evitar. Se ha puesto en marcha con cierto éxito en varios países y, recientemente, ha sido objeto de un proyecto de referéndum popular en Suiza impulsado por el economista Marc Chesney. El impuesto reequilibraría el actual sistema fiscal, que grava excesivamente el trabajo, el ahorro y el consumo, y exime a la especulación financiera.

Para Rochet y Ekeland, este impuesto conseguiría reorientar los intereses individuales hacia el bien común. Tendría un impacto muy reducido en los hogares con ingresos medios y apenas gravaría las actividades productivas o el consumo. Asimismo, lograría la aceptación de una gran mayoría de ciudadanos. “En estos momentos difíciles en que el Estado necesita nuevos recursos y debe reinventar una economía sostenible, esperamos que sea objeto de debate público”, afirman los autores.

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