El efectivo es más que un bien público
Chair, CashEssentials
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Ph.D. in U.S. History, Columbia University in the City of New York
Post-Doctoral Researcher in Global Correspondent Banking, 1870-2000 – Mexico and South America, University of Oxford
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El documento, cuyos autores son Héctor Labat, Franz Seitz y Guillaume Lepecq, se basa en una revisión bibliográfica de Labat, que ofrece una taxonomía exhaustiva para enmarcar el debate. Le siguió un seminario de investigación celebrado en Estambul en octubre de 2023, que reunió a un grupo multidisciplinar de expertos:
- Héctor Labat, investigador, CashEssentials
- Tim Stuchtey, Instituto de Brandenburgo para la Sociedad y la Seguridad
- Frédéric Allemand, Instituto Robert Schuman, Universidad de Luxemburgo
- Carin van der Cruijsen, De Nederlandsche Bank
- Franz Seitz, Universidad Técnica de Ciencias Aplicadas de Weiden, Weiden
- Ursula Dalinghaus, Ripon College
El efectivo es un bien de interés público
Los billetes y monedas constituyen una forma de dinero público, ya que es una institución pública quien los emite. Sin embargo, al igual que el dinero privado, sirven a fines privados y no son un bien público per se. Sin embargo, el efectivo contribuye a varios beneficios sociales que son de interés público.
El ecosistema del efectivo y sus beneficios colectivos -inclusión financiera y social, estabilización económica, resiliencia del sistema de pagos y protección de la privacidad- son bienes públicos en sentido económico. Su consumo no es rival -todas las personas pueden beneficiarse de ellos por igual- y nadie puede ser excluido de su uso. La teoría económica sugiere que, sin la participación del gobierno, su provisión no puede garantizarse.
El efectivo es un bien accesible al público. Su tangibilidad lo hace adecuado para las personas mayores, las personas no bancarizadas y los grupos de riesgo. También puede utilizarse sin necesidad de un dispositivo, de la intermediación de terceros o de estar en línea. El sector público también emite y regula el efectivo para garantizar su acceso público y su aceptación generalizada. El efectivo asegura el acceso universal al sistema monetario y a la vida económica, promoviendo la inclusión financiera, social y de pagos de todos.
El efectivo garantiza el respeto de varios derechos considerados necesarios para la sociedad, como el derecho a la privacidad, la libertad de elección y otras libertades civiles. También contribuye a garantizar una sociedad más resistente y cohesionada. Así pues, el efectivo es un bien de interés público y contribuye al bienestar de la población en general.
Los pagos digitales son sustitutos imperfectos del efectivo
El dinero digital y los sistemas de pago electrónico son sustitutos imperfectos del efectivo en cualquier función social.
Al ser digitales, no pueden garantizar plenamente la protección de la privacidad, la inclusión económica y la resiliencia a los cortes de energía, los ciberataques y las crisis. Las monedas y los sistemas privados pueden contribuir a la eficiencia, pero su afán de lucro limita su contribución al bien público. Las monedas digitales de los bancos centrales (CBDC) pueden diseñarse para servir a los intereses de la sociedad mejor que las alternativas privadas. Sin embargo, debido a su naturaleza digital, no pueden aportar beneficios públicos en la misma medida que el efectivo.
El ecosistema del efectivo es un bien público
El uso del efectivo depende de la estabilidad del ecosistema del efectivo, al que contribuyen tanto el sector privado como el público. Si el sector privado se desentiende de su papel, el sector público debe reaccionar para realinear los intereses privados con el interés público o llenar él mismo el vacío.
El uso activo del efectivo debe mantenerse por encima de cierto umbral para mantener viva la infraestructura del efectivo – en términos de acceso, aceptación, disponibilidad y asequibilidad – y rentable para el sector privado. El gobierno puede estimular el uso del efectivo mediante campañas informativas que aumenten la concienciación sobre los beneficios sociales (externalidades positivas) del efectivo y una nueva legislación que favorezca el efectivo.
El sistema de efectivo requiere un marco jurídico adecuado y apoyo institucional para que sea fiable y creíble. El Gobierno debe reforzar el acceso al efectivo (depósito y retirada), la convertibilidad (depósito en cuentas bancarias) y las normas de aceptación para apoyar el uso del efectivo y establecer derechos de acceso y pago en efectivo.
La infraestructura del efectivo debe adaptarse a las necesidades de los usuarios de efectivo, que de lo contrario no tendrán más remedio que pasarse a las alternativas de pago electrónico. Esto generaría externalidades negativas en términos de inclusión financiera, resiliencia de la infraestructura de pagos, protección de la privacidad y libertades civiles, así como estabilización económica en caso de crisis.
El ecosistema del efectivo y muchos de sus beneficios colectivos se consideran bienes públicos, ya que todo el mundo puede disfrutar de ellos simultáneamente sin restricciones. Si el dinero en efectivo no es rentable para los proveedores privados, el gobierno debe llenar el vacío, al menos en parte, financiando al sector privado o asumiendo la responsabilidad directa de su provisión. Además, puede dar pie a innovaciones que hagan más eficiente la infraestructura.
Palabras finales
Muchas decisiones que contribuirían a garantizar un acceso razonable al efectivo y su aceptación son “políticas” más que técnicas. Abordar la cuestión del “bien público” y el “derecho básico” es esencial para defender el apoyo público al efectivo y a la infraestructura del efectivo.
Asimismo, el documento ofrece ejemplos de opciones de apoyo público. Aunque cada situación es diferente, el documento presenta de nuevo muchas opciones sensatas. Aunque no sean necesariamente “correctas”, proporcionan a los lectores la escala adecuada de opciones y decisiones necesarias.
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