Según el Banco de Tanzania, el efectivo en circulación creció a una tasa anual del 9.2% para alcanzar 5.2 billones de chelines de Tanzania (TZS) a finales de junio de 2021. Esta tasa de crecimiento se produce tras un aumento del 5.2% el año anterior.

La demanda de efectivo crece junto con la inclusión financiera

Este crecimiento se produce en el contexto de una mayor inclusión financiera. El Segundo Marco Nacional de Inclusión Financiera pretende garantizar un mayor acceso y uso de los servicios financieros y tiene como objetivo aumentar la proporción de adultos que utilizan la asistencia financiera formal del 65% en 2017 al 75% para 2022, según el banco central. Tanzania alcanzará este objetivo mediante la aplicación de políticas, normativas y soluciones que apoyen la innovación y la prestación de servicios financieros que respondan a las necesidades de las empresas, los individuos y los hogares. Durante 2020/21, el banco central, en colaboración con otras partes interesadas, puso en marcha varias iniciativas para avanzar y acelerar la inclusión financiera en el país, centrándose en las mujeres, los jóvenes y las pequeñas y medianas empresas.

Al igual que otros países subsaharianos, Tanzania lleva años a la vanguardia del mercado del dinero móvil. La GSMA define un servicio de dinero móvil como accesible a las personas que no tienen cuentas bancarias formales. Como tal, no incluye en su contabilidad ningún servicio de banca móvil o de pago vinculado a cuentas bancarias tradicionales o tarjetas de crédito. Según la Asociación de Sistema Global para Comunicaciones Móviles (Global System for Mobile Communications, GSMA), 159 de los 300 millones de usuarios activos de dinero móvil del mundo se encuentran en el África subsahariana.

“En junio de 2021, Tanzania tenía 33.2 millones de cuentas de dinero móvil que dependen de una red de agentes que gestionan las transacciones en zonas rurales y urbanas”, según la GSMA. Según datos del Banco Mundial, la población total de Tanzania es de 60 millones de habitantes, y hay 84 suscripciones de telefonía móvil por cada 100 personas. El 27% de la población vive por debajo del índice de pobreza de USD1.90 (paridad de poder adquisitivo de 2011). Según Quartz Africa, en 2019 se realizaron transacciones a través del sistema por un total de TZS9.5 billones (o USD4,000 millones).

El auge del dinero móvil tienta al fisco

A medida que la pandemia de Covid-19 hacía mella en la economía tanzana, el gobierno introdujo un impuesto sobre transacciones móviles para aumentar la recaudación de ingresos. En julio de 2021, el gobierno introdujo un impuesto sobre el dinero móvil que aumentaba el costo de enviar, retirar y transferir dinero. La política provocó la indignación del público en general, una fuerte reducción de las transacciones y un cambio hacia el efectivo.

“El cambio en el comportamiento de los consumidores lleva a un mayor uso del efectivo. Entre junio y septiembre de 2021, el número total de transacciones P2P se redujo drásticamente de 30 a 18 millones (-38%) al mes, mientras que el número total de transacciones de retirada de dinero en efectivo se redujo de 33 a 25 millones (-25%) al mes”, afirma la GSMA, en un análisis del impacto del nuevo impuesto, que, como es lógico, recomienda eliminar o reducirlo significativamente.

Otros países africanos han aumentado los impuestos sobre el dinero móvil, como Costa de Marfil, República Democrática del Congo, Malawi y Uganda.

Gravar las transacciones para financiar la recuperación económica

En junio de 2022, el gobierno anunció que bajaría el impuesto en un 43%, para reducir el impacto de la crisis del costo de la vida. Para Quartz África, “los tanzanos estaban volviendo a usar el efectivo, y el gobierno empezó a pensar en cómo hacer que volvieran a las plataformas de dinero móvil.”

En marzo de 2020, el matemático Ivar Ekeland, ex presidente de la Universidad París-Dauphine, y el economista Jean-Charles Rochet, profesor de la Universidad de Ginebra y del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), escribieron: “Es necesario gravar la especulación financiera”. En ese ensayo, Ekeland y Rochet propusieron la introducción de un impuesto del 0.3% sobre todas las transacciones electrónicas (es decir, las transferencias de dinero entre cuentas bancarias de particulares y empresas) para financiar con razón y justicia una (gran) parte de las necesidades de reconstrucción económica post-pandemia, “.

Para Rochet y Ekeland, este impuesto podría “realinear los intereses individuales en la dirección del bien común”. Tendría un impacto menor en los hogares con ingresos medios y apenas gravaría las actividades productivas o el consumo. Y podría obtener el consentimiento de una amplia mayoría de ciudadanos. “En estos tiempos difíciles en los que el Estado necesita nuevos recursos y debe reinventar una economía sostenible, esperamos que sea objeto de debate público”, afirman los autores.

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