Australia elimina la legislación que restringe los pagos en efectivo
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El Currency (Restrictions on the Use of Cash) Bill 2019 (Proyecto de ley monetaria australiana sobre restricciones al uso de efectivo) de 2019, se remitió al Parlamento federal en septiembre del año pasado y habría impuesto sanciones de hasta 25 000 AUD o penas de hasta dos años de prisión para aquellas personas o entidades que realizaran o aceptaran pagos superiores a los 10 000 AUD. Con esta ley se pretendía impedir que los delincuentes blanquearan dinero realizando pagos en efectivo, pero estuvo rodeada de duras críticas y de problemas de privacidad.
Por esas fechas, Mark McGovern, profesor visitante de la QUT Business School, Economics and Finance de la Universidad de Tecnología de Queensland, escribió lo siguiente: “El efectivo es una de las pocas cosas en las que podemos confiar plenamente con independencia de nuestra condición social, nuestra situación o el acceso a otros medios de pago. Eliminar (y vilipendiar) esa garantía, a la vez que se criminaliza la confianza en la misma, no debería tomarse a la ligera ni hacerse de manera tan precipitada para cumplir una fecha arbitraria”.
ABC News informó en febrero de que a principios de diciembre el proyecto de ley había recibido 2659 alegaciones, la mayoría contrarias al mismo. Muchas de ellas también consideraban perjudicial que el gobierno interfiriera en el derecho legal de las personas a gastar el dinero en efectivo como estimaran oportuno. Un buen número de alegaciones también mostraban preocupación por el hecho de que la propuesta de ley pudiera exponer a los depósitos bancarios de los particulares a los efectos de unos tipos de interés negativos, una situación en la que, en lugar de recibir dinero por los depósitos, los depositarios tendrían que pagar intereses a los bancos para que estos guarden su dinero.
El proyecto de ley se desestimó debido al temor de que pudiera ser rechazado en la Cámara Alta. El Gobierno declaró que el retraso en promulgar la ley se debía a que se estaba priorizando la respuesta económica de emergencia a la pandemia de la COVID-19.
En diciembre, ABC News señalaba que la ley podría retomarse en el futuro, una vez finalizada la pandemia.
Varios países de todo el mundo imponen limitaciones a los pagos en efectivo, especialmente en Europa, donde 16 países han decretado restricciones que van desde los 500 EUR de Grecia a cerca de 15 000 EUR en Polonia. No hay pruebas de que las limitaciones a los pagos en efectivo hayan contribuido a reducir la evasión fiscal y el blanqueo de dinero, o a luchar contra el terrorismo. En 2018, después de una consulta de dos años, la Comisión Europea decidió no imponer limitaciones generales sobre los pagos en efectivo en la UE y concluyó que “si bien el fraude fiscal y la utilización de efectivo suelen estar asociados, el estudio demuestra que la relación entre ambos no siempre es clara”. En 2019, el BCE reaccionó a una propuesta del Gobierno griego para reducir el límite de los pagos en efectivo de 500 EUR a 300 EUR y señaló que “el actual límite de 500 EUR sobre los pagos en efectivo para operaciones entre particulares y empresas, y los nuevos incentivos fiscales que disuaden a las empresas de realizar pagos en efectivo superiores a 300 EUR son desproporcionados a la luz del impacto posiblemente adverso sobre el sistema de pagos en efectivo”.
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