La Generalitat de la Comunidad Valenciana en España ha incrementado sus subsidios para la instalación de cajeros automáticos en 135 pequeñas comunidades sin sucursales bancarias. A partir del 29 de enero de 2021, la Agencia Valenciana Contra el Despoblamiento (Avant) ofrece hasta EUR15,000 anuales por cajero automático a entidades bancarias y operadores de cajeros independientes, lo que representa un aumento de EUR4,000 sobre el monto original del subsidio.

Para ser elegibles a la subvención, los operadores independientes deberán haber operado durante un mínimo de cuatro años, gestionar redes de al menos 500 cajeros automáticos y estar registrados en el Banco de España. La Generalitat también homologó los requisitos técnicos de los cajeros automáticos a los estándares actuales de la industria y sustituyó el requisito de proporcionar un mínimo de 50 horas anuales de asistencia presencial por videoconferencias a distancia.

La Generalitat había lanzado el programa de subsidios el 3 de marzo de 2020, una semana antes del comienzo del confinamiento por la pandemia de Covid-19. La convocatoria original de solicitudes ofrecía subsidios de hasta EUR11,000 anuales por cajero automático. Después de que ningún banco español solicitara subvenciones para instalar cajeros automáticos rurales en la Comunidad Valenciana durante la pandemia, la Generalitat anuló el programa en julio de 2020.

El acceso al efectivo en áreas rurales es fundamental para combatir el despoblamiento

El despoblamiento territorial ha sido un problema en España y Europa occidental desde hace décadas. De 2001 a 2018, el 63% de los municipios españoles perdió habitantes, y el 48% de los municipios perdió entre el 10% y el 50% de su población total. En marzo de 2019, la Generalitat aprobó una ley para proteger el acceso universal a los servicios públicos y otras infraestructuras en zonas de baja densidad poblacional. A septiembre de 2019, 215 de los 452 municipios de la Comunidad Valenciana contaban con menos de 1,000 habitantes.

Ximo Puig, el presidente de la Generalitat Valenciana, ha dicho que luchar contra el despoblamiento y la exclusión económica en las comunidades rurales es una prioridad de su gobierno, ya que “no puede haber una ‘brecha territorial’ que marque la existencia de ciudadanos de primera y de segunda”. Según el presidente de la Diputación de Castellón, José Martí, incrementar la disponibilidad de cajeros automáticos en las zonas rurales es una política crucial para “superar la brecha financiera [que] también resulta fundamental para las poblaciones de interior, que necesitan ampliar y mejorar el catálogo de servicios existentes para hacer más fácil la vida de las personas, facilitar el emprendimiento local y atraer posibles inversiones que ayuden a incrementar el número de habitantes”. La directora de Avant, Jeanette Segarra, ha dicho que preservar los servicios financieros es fundamental para prevenir el despoblamiento en comunidades pequeñas y rurales y que los cajeros automáticos rurales ayudan a los propietarios de pequeñas empresas, a los adultos mayores, a los enfermos y a las personas con movilidad reducida.

Subsidios al ciclo de efectivo

La desertificación bancaria en las comunidades rurales se ha extendido en Europa occidental. En los últimos años, los países de la región han experimentado una reducción en la red de sucursales bancarias y cajeros automáticos (ver Gráfico 1). En Finlandia, el número de cajeros automáticos se ha reducido a la mitad desde 2000, mientras que en España, el número de cajeros automáticos alcanzó su punto máximo en 2008 y ha disminuido alrededor de un 15% desde entonces.

Gráfico 1. Reducción de cajeros automáticos en Europa Occidental, 2000-2019. Para cada país, la gráfica indica el año con el máximo histórico de cajeros automáticos en el eje horizontal, y la barra indica la magnitud de la caída en el número de cajeros automáticos desde el máximo histórico.

En varios países, el sector público – a nivel nacional y local – está contribuyendo a financiar la infraestructura de efectivo. En 2019, el Banque de France lanzó una iniciativa para garantizar el acceso equitativo al efectivo en el territorio francés. También en 2019, la empresa Brink’s France lanzó una nueva solución de cajeros automáticos mediante la cual instala y opera un cajero automático y cobra una tarifa a los municipios. El costo se estima en EUR1,500 mensuales, que puede reducirse dependiendo el número de retiros de efectivo.

En diciembre de 2019, la red británica de cajeros automáticos LINK lanzó un fondo de acceso comunitario para la entrega de efectivo, con el fin promover la inclusión financiera mediante la instalación de cajeros automáticos en comunidades pequeñas y rurales. En Suecia, a principios de 2020 entró en vigor una nueva ley que exige que los bancos brinden servicios de efectivo adecuados a los usuarios rurales, adultos mayores, migrantes y personas con discapacidades, entre otros. Nina Wenning, directora ejecutiva de Bankomat (la red interbancaria de cajeros automáticos en Suecia) ha pedido al banco central que aumente sus subsidios al ciclo del efectivo compensando a los minoristas por recolectar efectivo o instalar equipos seguros para el manejo de efectivo.

En febrero de 2019, la Xunta de la comunidad autónoma de Galicia y la Federación Gallega de Municipios y Provincias (FEGAMP) firmaron un convenio para subsidiar la instalación y operación de cajeros automáticos en municipios sin servicios financieros. Según el Instituto Nacional de Estadística de España (INE), al 31 de diciembre de 2019, 42 municipios de Galicia (el 13% del total) no contaban con entidad bancaria ni financiera. La provincia de Ourense tiene el mayor número de municipios sin servicios financieros (26), seguida de A Coruña (10), Lugo (4) y Pontevedra (2 municipios).

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