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Las asociaciones de consumidores de los EE. UU. exigen la aceptación obligatoria del efectivo

Categorías : Cash facilitates budgetary control, Cash has legal tender status, Cash is available to all users, Cash protects privacy and anonymity
September 4, 2020
Publicado en : Financial inclusion, Opciones para los consumidores, Privacy and anonymity, US
Una coalición formada por 51 grupos de consumidores y de defensa de la privacidad y de los derechos civiles manifiesta su apoyo a la ley que prohibiría a los establecimientos minoristas tradicionales rechazar el uso del efectivo o cobrar un precio mayor a aquellos consumidores que paguen sus compras en metálico.
Guillaume Lepecq

Chair, CashEssentials

Las organizaciones han remitido una carta a los senadores Kevin Cramer (R-ND) y Bob Menéndez (D-NJ), así como al miembro de la Cámara de Representantes Donald M. Payne, Jr. (D-NJ), en la que manifestaban su apoyo a la ley que han introducido, la Payment Choice Act (Ley de opciones de pago), H.R. 2650 y S. 4145. La ley declara ilegal que una persona que venda productos o servicios al por menor rechace el pago en efectivo con moneda estadounidense por dichas ventas, coloque carteles o avisos advirtiendo que no se acepta el pago en efectivo, o cobre un precio más elevado a aquellos clientes que paguen en metálico.

El pago en efectivo debería ser un derecho de todos

“El número y la variedad de organizaciones que apoyan esta legislación demuestra lo fundamental que es para los estadounidenses poder pagar en efectivo”, afirma Susan Grant, Directora de Protección y Privacidad del Consumidor en la Consumer Federation of America. “Debería ser un derecho de todos”, añade.

En la carta, los grupos denuncian que los negocios que no aceptan efectivo perjudican injustamente a los consumidores en muchas maneras. En mayo de 2020, la Reserva Federal publicó un informe en el que afirmaba que, en 2019, casi una cuarta parte de los adultos estadounidenses no tenía acceso, o tenía solo un acceso restringido, a los servicios bancarios. Estas personas, que tienden a tener rentas bajas y menos formación, o a pertenecer a minorías raciales o étnicas, tienen un acceso muy reducido a formas de pago distintas del efectivo. Asimismo, los consumidores que se ven obligados a adquirir bienes y servicios mediante transacciones sin efectivo pueden incurrir en comisiones u otros gastos adicionales.

Los negocios que rechazan el pago en efectivo se enfrentan a acusaciones de discriminación totalmente justificadas

“Los negocios que rechazan el pago en efectivo se enfrentan a acusaciones de discriminación totalmente justificadas, ya que reducen el acceso igualitario a los mismos productos o servicios”, asegura Linda Sherry, directora de prioridades nacionales en Consumer Action. En su opinión, “esta ley otorgaría a los consumidores el derecho a pagar en efectivo, pero no impide que dichos consumidores utilicen tarjetas de crédito, de débito y de prepago si los comercios que frecuentan las aceptan”.

El pago en efectivo ofrece mucha más privacidad a los consumidores

La privacidad constituye otro problema. Las transacciones que no se realizan en efectivo generan volúmenes ingentes de datos sobre los consumidores y las compras que estos realizan. Dicha información está a disposición de los profesionales del marketing y la publicidad, quienes se dedican a desarrollar y perfeccionar técnicas cada vez más sofisticadas para identificar potenciales clientes y dirigirse a ellos. “Pagar en efectivo ofrece mucha más privacidad a los consumidores que otros métodos de pago electrónico y reduce el volumen de información personal y el riesgo de violación de datos”, señala Grant.

Un reciente estudio encargado a título privado que se menciona en la carta demuestra que el efectivo sigue siendo la forma de pago más habitual para las compras y el pago de facturas, y que su uso no solo se limita a los consumidores que no tienen acceso, o tienen solo un acceso restringido a los servicios bancarios. Las personas que hacen un uso frecuente del efectivo también utilizan otras formas de pago, como tarjetas de crédito, tarjetas de débito, monederos electrónicos y servicios de pago en línea. Según el estudio, el 82 % de los consumidores considera importante que los comercios admitan pagos en efectivo. “No se trata de rechazar otras formas de pago, sino de tener la opción de utilizar el efectivo cuando se ajuste a las necesidades del consumidor”, señala Sherry.

La pandemia ha agravado el problema

Este problema ha adquirido todavía mayor importancia a raíz de la pandemia de la COVID-19, ya que algunos minoristas señalan la posibilidad de que el virus pueda trasmitirse a través del efectivo que manejan los consumidores y los vendedores como motivo para exigir el pago con tarjetas de débito o crédito, aplicaciones para móviles u otros métodos digitales o electrónicos. Sin embargo, no hay pruebas de que el efectivo presente mayor riesgo que las tarjetas de crédito u otras formas de pago. Mantener la distancia personal, desinfectarse las manos y llevar mascarilla son las medidas de precaución básicas que deberían adoptarse en todas las transacciones minoristas para evitar la propagación del coronavirus.

Tal y como señalan los grupos, las perturbaciones económicas provocadas por la pandemia han incidido de forma más directa y grave en las poblaciones con rentas bajas, las personas que viven en barrios pobres y en las zonas rurales, los desempleados y los trabajadores con subempleos, las personas mayores y las minorías raciales y étnicas. “Es fundamental que las personas puedan adquirir bienes y servicios indispensables en las tiendas y restaurantes locales sin que se les rechace porque deseen pagar en efectivo”, dice la carta.

La carta está firmada por Advocacy for Principled Action in Government, Alaska PIRG, American Association for Justice, Americans for Financial Reform, Arkansans Against Abusive Payday Lending, Arkansas Community Organizations, California Alliance for Consumer Education (CASE), Center for California Homeowner Association Law, Center for Economic Integrity, Chicago Consumer Coalition, Columbia Consumer Education Council, Constitutional Alliance, Consumer Action, Consumer Assistance Council, Inc., Consumer Federation of America, Consumer Federation of California, Consumers for Auto Reliability and Safety, Defending Rights & Dissent, Delaware Community Reinvestment Action Council, Inc., Demand Progress, Electronic Frontier Foundation, Electronic Privacy Information Center (EPIC), Empire State Consumer Project, Fight for the Future, Florida Silver Haired Legislature, Inc., Georgia Watch, Largo Florida Civic Association, Mountain State Justice, Inc., NAACP, National Association of Consumer Advocates, National Association of Neighborhoods, National Center for Law and Economic Justice, National Consumer Law Center (on behalf of its low income clients), National Network to End Domestic Violence (NNEDV), New Jersey Citizen Action, Oakland Privacy, Oregon Citizens’ Utility Board, Parent Coalition for Student Privacy, Patient Privacy Rights, Privacy Rights Clearinghouse, Public Citizen, Public Justice Center, SC Appleseed Legal Justice Center, South Carolina Association for Community Economic Development (SCACED), SPLC Action Fund, Strike Debt Bay Area, Texas Consumer Association, The Kentucky Equal Justice Center, The One Less Foundation y Virginia Citizen Consumer Council.

Las asociaciones europeas de consumidores también exigen el acceso al efectivo

En septiembre de 2019, la Asociación Europea de Consumidores (BEUC) publicó un informe de posición titulado Cash versus Cashless: Consumers need a right to use cash. El informe formula recomendaciones para que la UE tome medidas destinadas a garantizar a los consumidores el derecho no discriminatorio de acceder y utilizar el efectivo. En Suecia, Sveriges Konsumenter publicó un estudio que demuestra que 7 de cada 10 consumidores desea poder pagar en efectivo en el futuro. En España, Facua Consumidores en Acción se ha enfrentado a un minorista de gafas de sol por negarse a aceptar el efectivo, alegando que esta práctica contraviene el Código Civil español y la legislación local. En el Reino Unido, Which? solicita el acceso al efectivo.

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