Este artículo se publicó por primera vez en Economics Observatory, una iniciativa interinstitucional que trata de responder a las preguntas de los responsables políticos y del público sobre los aspectos económicos de la crisis del coronavirus y la recuperación. Se reproduce con permiso de los autores.
Todavía es demasiado pronto para saber si la COVID-19 y las intervenciones que se han llevado a cabo en materia de salud pública en respuesta a la pandemia tendrán efectos permanentes en los pagos minoristas del Reino Unido.
En un primer momento, el acaparamiento de efectivo se vio eclipsada por la aceleración del comercio electrónico y los pagos sin contacto, un incremento en el uso de aplicaciones de pagos móviles y – como algunos especulaban – la posibilidad de que las criptomonedas llegaran a generalizarse. Todo esto ocurría en un período en el que se cerraban sucursales bancarias (algunas definitivamente), nada menos que 9 000 cajeros automáticos (15 % del total) dejaban de estar operativos y en el que los medios informaban falsamente de un alto riesgo de transmisión a través del dinero en metálico.
No obstante, a pesar de estos mensajes apocalípticos y el impacto negativo inicial que condujo a una fuerte contracción del uso del efectivo, las transacciones con billetes y monedas comenzaron a recuperarse incluso antes de que se relajaran las medidas de confinamiento (tal y como muestra la Figura 1), y el uso de efectivo se incrementó en dos tercios después de que dichas medidas se levantaran.
Antes de que irrumpiera la COVID-19 ya se registraba un crecimiento de las transacciones digitales en comercios minoristas del Reino Unido, tal y como indica la Figura 2. Hace diez años, el efectivo se utilizaba en seis de cada diez pagos. Incluso hasta 2016, el efectivo representaba el 40 % de todos los pagos y el 44 % de la totalidad de los pagos de los consumidores en el Reino Unido.
La adopción de los pagos sin contacto en las redes de transporte público, el incremento del comercio electrónico, el uso generalizado de tarjetas de plástico y las aplicaciones de pagos digitales – como, Apple Pay, Samsung Pay, PayPal e iZettle –, además del aumento de los límites de pago con el sistema “tap and go“, han potenciado los pagos digitales.
El grupo del sector financiero UK Finance señalaba en un informe que la proporción de transacciones en efectivo era del 28 % en 2018, aunque se preveía un descenso hasta el 9 % en 2028 (UK Finance, 2019). La tendencia descendente a largo plazo en el uso de billetes y cheques personales indica que ninguno de estos métodos de pago volverá a ser preponderante en las transacciones al contado.
Sin embargo, es demasiado pronto para afirmar que la tendencia descendente en el uso del efectivo y de los cheques personales se ha acelerado en el contexto de la COVID-19. Una aceleración comporta un cambio estructural a largo plazo en el sector de los pagos minoristas más que en otras partes de la economía de las transacciones (concretamente, comercios en línea frente a comercios tradicionales, inclusión financiera ,y servicios bancarios, como cajeros automáticos, sucursales, autoservicio, etc.).
Los intentos recientes de acelerar la adopción de pagos sin contacto y digitales como únicos medios de pago en la economía británica han puesto de manifiesto desigualdades muy arraigadas y la necesidad que tienen algunas comunidades de acceder al efectivo (incluidos los consumidores vulnerables). Noticias poco contrastadas y de carácter periodístico señalan que el desempleo asociado a la pandemia de la COVID-19 podría haber incrementado la demanda de efectivo entre la población con menos ingresos y que habita en las zonas rurales.
A su vez, estas tendencias apuntan a las siguientes cuestiones de calado:
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Aunque ya en la Francia del siglo XIX había peticiones para sustituir los billetes y las monedas por cheques en papel, (Baubeau, 2014 y 2016), y Edward Bellamy propuso una tarjeta de crédito en su novela utópica de 1888 (Bellamy, 1888), la idea moderna de una economía sin efectivo surgió en los Estados Unidos en la década de los 50 del siglo XX, cuando los bancos comenzaron a utilizar ordenadores y los costes de tramitación de cheques en papel eran cada vez mayores (Batiz-Lazo y otros, 2014).
A pesar de esta larga historia, no existen estudios sistemáticos sobre los cambios en los métodos de pago durante épocas de pandemia o crisis sanitarias. No obstante, las pruebas antes citadas proceden principalmente de publicaciones e informes revisados por pares de instituciones nacionales y supranacionales encargadas de supervisar las entidades y los mercados financieros que se han ido acumulando en los últimos 30 años y durante los primeros meses de la actual pandemia.
Dado que los países comienzan ahora a salir del confinamiento y ante la amenaza de una segunda ola de infecciones, se tardará un tiempo hasta que podamos evaluar con seguridad los efectos de la pandemia mundial en el uso del efectivo a largo plazo por parte de la sociedad.
UK Finance ofrece información de mercado de fácil acceso, pero solo está disponible para sus socios. LINK, el único operador de cajeros automáticos del Reino Unido, ofrece información periódica y de libre acceso sobre los volúmenes de distribución de efectivo. Los bancos centrales han programado encuestas sobre demanda y preferencias de pago de los consumidores para otoño de 2020 y mediados de 2021.
Otras crisis económicas precedentes, incluida la de 2008-2009, se asociaron a un “inexplicable” fuerte aumento de la demanda de efectivo, lo que suscitó la idea de que dicho cambio podría estar relacionado con un aumento de la incertidumbre (Jobst y Stix, 2017). El repunte del desempleo puede provocar que las personas dejen de tener acceso a servicios de crédito e incluso a cuentas bancarias. Estas personas podrían recurrir de nuevo al efectivo como herramienta fundamental para gestionar su presupuesto.
¿Qué impacto tendrá la COVID-19 sobre la rentabilidad de los administradores de cajeros automáticos independientes y, a su vez, en la ubicación de cajeros de libre acceso? Antes del confinamiento se realizó una consulta sobre esta cuestión (véase Payment System Regulator, 2019). No está claro de qué manera las recomendaciones de esa consulta se verán modificadas por los recientes acontecimientos.
Antes del confinamiento ya existía preocupación en materia de política por la reducción del número de sucursales bancarias y de cajeros automáticos en el Reino Unido (por ejemplo, Banco de Inglaterra, 2020; Payment System Regulators, 2019). Cabe la posibilidad de que aumente el número de usuarios con acceso restringido a los servicios bancarios y las comunidades sin acceso a dichos servicios si la COVID-19 sigue reduciendo el volumen de transacciones en las sucursales bancarias y los cajeros automáticos al acelerarse la transición hacia los pagos sin efectivo, el comercio electrónico y los servicios de banca en línea. Queda por ver cómo los intermediarios no bancarios, los participantes de la “banca en la sombra” y las start-ups de tecnología financiera responden al reto (véase Lepecq, 2020b).
En una época de fuerte contracción económica, surge el interrogante de si los inversores estarán dispuestos a seguir financiando start-ups de tecnología financiera.
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En el fondo, los consumidores desconocen el coste asociado al uso de medios de pago alternativos. Aquí entran en juego tanto los costes pecuniarios (por ejemplo, las comisiones) como los no pecuniarios (por ejemplo, la trazabilidad de las transacciones, la pérdida de anonimato y el fraude). Apenas existen estudios sobre estos temas.
Las innovaciones en materia de pagos digitales en comercios minoristas han sido en su mayoría graduales, mientras que los sistemas basados en bancos (como los pagos sin contacto con móvil, los monederos digitales o el comercio electrónico basado en tarjetas) seguirán dominando la tendencia hacia las transacciones digitales. En otras palabras, es improbable que una crisis como la provocada por la COVID-19 y el confinamiento origine por sí misma una innovación en materia de pagos.
No está claro si habrá voluntad política para una transición acelerada hacia la economía sin efectivo, dado que algunos grupos socioeconómicos podrían verse desfavorecidos en términos de accesibilidad, inclusión financiera y educación financiera. Todas estas cuestiones van más allá de la edad y el género, los niveles de ingresos y de riqueza, la raza y el origen étnico, la división entre zonas urbanas y regionales (especialmente en el caso de Londres y el sur de Inglaterra frente a otras zonas del Reino Unido).
Aparte del Reglamento general de protección de datos, no existe un marco que determine el acceso a las transacciones digitales y a la explotación de las mismas. Los responsables políticos nacionales y locales se han basado en datos agregados sobre el uso de tarjetas como indicador de alta frecuencia de la evolución económica para entender los cambios extremos en el gasto de los consumidores provocados por la pandemia y el confinamiento, así como para diseñar políticas específicas destinadas a apoyar a los sectores más afectados .
Están comenzando a aparecer estudios sistemáticos sobre transacciones con tarjetas de crédito y débito, como los de Francia Bouine y otros (2020) y México Campos-Vázquez y Esquivel (2020). No obstante, sigue habiendo interrogantes en torno a la privacidad, especialmente en países sin un marco regulatorio sólido que proteja la información personal de los usuarios.
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Como infraestructura compleja y de gran tamaño, no está claro en qué medida el sistema de pagos cumple los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (distintos de los relativos a la inclusión financiera y el género). Dicho sistema también debería someterse a una prueba de resistencia en materia climática.