Este artículo se publicó por primera vez en francés en The Conversation bajo una licencia Creative Commons.

Como ciudadanos de la zona del euro, todos realizamos, por término medio, 13 pagos a la semana (combinando todos los métodos de pago): lo que ofrece numerosas oportunidades de hacer circular unidades de nuestra moneda común. Aunque todos son euros, circulan por diversos canales utilizando diferentes medios.

Éstos no han dejado de evolucionar y lo han hecho aún más rápidamente durante la crisis de Covid-19. En efecto, nuestros medios de pago se han digitalizado mucho. Aunque la mayoría de nuestros pagos en comercios siguen haciéndose en efectivo, ese número disminuye constantemente, y la parte del efectivo en el valor total de las transacciones es ya minoritaria. Algunos creen que estamos a las puertas de una “sociedad sin efectivo”, una sociedad en la que se habrá eliminado el dinero en efectivo y que prometería eficiencia económica y progreso social.

A nivel individual, la mayoría de nosotros puede ver ventajas en la creciente digitalización de nuestros medios de pago. Aunque pueda ser necesaria cierta adaptación, los pagos digitales suelen parecer más cómodos, rápidos, seguros, etc. En la zona del euro, la mitad de los encuestados dicen ahora que prefieren los pagos digitales al efectivo. Pero también podemos ver que lo que puede percibirse como algo positivo para uno mismo como individuo no se traduce necesariamente en una visión de un futuro deseable para la sociedad en su conjunto.

Entre los encuestados europeos, una proporción mayor (55%) afirma que es esencial o imperativo para ellos poder seguir pagando en efectivo en el futuro. En Francia, donde el efectivo, como en todas partes, se utiliza cada vez menos para los pagos, el 83% de los encuestados dicen estar preocupados por la desaparición del efectivo. ¿A qué se deben estas discrepancias entre prácticas y percepciones?

Exclusión monetaria

Quizá algunos piensen en quienes tienen más dificultades para adaptarse a la digitalización de nuestros medios de pago. Aunque este proceso pueda considerarse positivo “por término medio”, dista mucho de ser favorable para todos. Sus efectos negativos afectan sobre todo a los más vulnerables.

En la zona del euro, entre el 40% más pobre de la población, puede estimarse que aproximadamente el 20% de las personas están excluidas de los pagos digitales por no utilizar una tarjeta de pago: se trata de más de 23 millones de personas. Para ellos, la creciente digitalización de los medios de pago se traduce en diversas complicaciones en su vida cotidiana, dificultades para acceder a bienes y servicios, costos adicionales, pérdida de autonomía y un sentimiento de relegación.

La digitalización aumenta el número de personas en situación de exclusión monetaria que, aunque tengan dinero, no lo tienen en la forma adecuada. Determinados medios de pago se han convertido en imprescindibles para participar plenamente en la actividad socioeconómica, aunque no sean necesariamente accesibles para todos.

En términos más generales, ¿no tenemos todos la sensación de que con la evolución de nuestras diferentes formas de dinero está en juego algo más profundo, algo que no puede limitarse a simples consideraciones de conveniencia? Al fin y al cabo, el dinero no es una simple herramienta técnica que hace más fluidas nuestras transacciones económicas. Es, ante todo, una institución social: nuestro uso colectivo del dinero contribuye a la cohesión social.

Desde este punto de vista, la digitalización del dinero también conlleva una pérdida de finalidad, incluido, por ejemplo, el significado que transmiten las dimensiones simbólicas de nuestros billetes y monedas. Se ha demostrado, por ejemplo, que tras la introducción del euro físico en 2002, las personas se identifican más como ciudadanos europeos. No es seguro que esto hubiera sido así en una sociedad sin efectivo.

En el contexto actual, aunque se supone que el dinero en efectivo es de curso legal, es decir, en teoría debería ser obligatorio aceptarlo como medio de pago, un número cada vez mayor de comercios ya se han pasado al sistema sin efectivo (especialmente en los centros urbanos). En varios países europeos, la aceptación del efectivo es cada vez más incierta, mientras que el acceso al mismo se hace cada vez más difícil a medida que desaparecen los cajeros automáticos y las sucursales bancarias. Esta doble limitación de los usuarios explica también la evolución de los hábitos de pago.

¿Son los instrumentos de pago un bien público?

Lo que no es necesariamente evidente para los usuarios de los diversos instrumentos de pago es que cada vez son menos los bienes públicos que deberían ser. En efecto, dado el papel central que los servicios de pago desempeñan en nuestras sociedades, deberían ser universalmente accesibles y principalmente gratuitos para sus usuarios. Sin embargo, estos servicios están cada vez más sujetos a una propiedad principalmente privada, guiada por la rentabilidad, lo que limita su accesibilidad. Esto supone un riesgo para la legitimidad de nuestras instituciones públicas -a las que el dinero sigue estando fundamentalmente vinculado- y para la confianza que depositamos en ellas.

Con la digitalización de nuestros medios de pago, las fichas soberanas que representan a nuestras instituciones se desvanecen y son sustituidas por marcas comerciales: las de las redes internacionales de tarjetas de pago (Visa y Mastercard, en particular) o las de los nuevos servicios de pago propuestos por las grandes empresas tecnológicas (ApplePay, por ejemplo) y otras compañías. Por tanto, la digitalización del dinero debe verse como lo que es: no se trata en primer lugar de la desmaterialización de nuestros medios de pago, sino de su creciente privatización.

El efectivo no es una excepción, ya que nuestros billetes y monedas son acuñados e impresos principalmente por empresas privadas, y todos ellos son entregados y suministrados al público por otras empresas privadas. Si el efectivo está desapareciendo hoy en día, se debe principalmente a que los encargados de su gestión lo consideran una fuente de costos.

La digitalización de los medios de pago no es, pues, sólo una evolución técnica. Al conducir a una mayor mercantilización de este elemento fundamental que es el dinero, es también una cuestión política y social. En un contexto en el que todo el mundo debe poder utilizar instrumentos de pago digitales para participar plenamente en la sociedad, cuestiona el reparto de tareas entre el sector público y el privado.

El euro digital, en el que trabaja actualmente el Banco Central Europeo, podría ser una oportunidad para reafirmar el carácter público del dinero y (re)desarrollar un auténtico servicio público de cuentas y servicios de pago.

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