En diciembre de 2020, el Gobierno nombró a Anna Kinberg Batra investigadora especial del papel del Estado en el mercado de pagos. La investigación se conoce como Payments Inquiry. La misión de la investigación era revisar el papel del Estado en el mercado de pagos y tomar una posición sobre cómo debería ser esta parte en el futuro. Todo ello en un contexto de rápida digitalización del mercado financiero y de pagos y de reducción del uso del efectivo.
Anna Kinberg Batra presentó el 31 de marzo al Ministerio de Hacienda el informe Payments Inquiry. El informe concluye que el mercado de pagos y todo el ecosistema de pagos han sido objeto de una rápida digitalización. Esto crea nuevos servicios y contribuye a la eficiencia, pero grandes grupos quedan excluidos. Además, han surgido vulnerabilidades en el sistema. Por estas razones, el Estado debe desempeñar un papel más importante.
“Todo el mundo hace pagos. Pagar es, con mucho, el acto jurídico más común que realiza una persona. Pero, sobre todo, los pagos tienen una gran importancia para el funcionamiento de toda la sociedad. Los pagos deben ser eficaces, accesibles y seguros. El Estado tiene interés en garantizarlo, también a través de la legislación”.
Por ello, la investigación propone que se facilite el acceso de más personas a las cuentas de pago, entre otras cosas mediante una supervisión más eficaz, y que los bancos aprovechen la posibilidad que ofrece la legislación de ofrecer cuentas con funciones más limitadas (cuentas de bajo riesgo). Además, el Gobierno debe intensificar y ampliar los esfuerzos para garantizar que todos los suecos puedan realizar pagos a un costo razonable, independientemente del método de pago.
“En primer lugar, el Estado debería ayudar a más personas a entrar en el mercado de los pagos digitales, no hacer menos costoso y oneroso permanecer excluido de él. Al mismo tiempo, la posibilidad de pagar con efectivo también es importante para un mercado de pagos más inclusivo, pero también desde el punto de vista de la preparación civil. También a este respecto hay razones para que el Estado asuma una mayor responsabilidad”.
Para asegurar el suministro de alimentos, especialmente en una crisis en tiempos de paz y en caso de emergencia, el Estado debería garantizar determinados pagos fuera de línea durante un tiempo limitado. Esto se aplica a las tiendas físicas que venden productos de primera necesidad.
La investigación propone que la Agencia Tributaria sueca pueda conceder exenciones de las obligaciones relativas a las cajas registradoras para facilitar los pagos en efectivo en tiempos de crisis.
Las empresas que suministran bienes esenciales (incluidos medicamentos con receta, alimentos y combustible) deben aceptar múltiples medios de pago, incluido el efectivo. Debería ser posible pagar los impuestos en efectivo hasta una determinada cantidad. Siguiendo la jurisprudencia, la investigación considera que las autoridades estatales, municipales y regionales están obligadas a aceptar efectivo. Esto también se aplica a los agentes privados que realizan actividades relacionadas en nombre del sector público.
La investigación recomienda que el Gobierno revise la situación del efectivo y el acceso a los servicios de efectivo a más tardar en 2025. La revisión debería abarcar al menos las opciones para realizar pagos en efectivo, en particular de bienes esenciales como medicinas, alimentos y combustible, el acceso a los servicios de efectivo y el desarrollo de la infraestructura del efectivo, incluida la distribución de billetes y monedas. En caso de que dicha revisión demuestre que la posibilidad de pagar bienes esenciales en efectivo se ve perjudicada, deberían estudiarse medidas legislativas.
Además, la investigación estima que actualmente no existe una necesidad social suficiente para que el Riksbank emita una corona electrónica. Los cambios en el entorno empresarial pueden llevar a una evaluación diferente en el futuro, y el Riksbank debería seguir evaluando las condiciones para una corona electrónica y volver con una recomendación al Parlamento en 2024.