Eso no significa que no haya tenido que afrontar dificultades anteriormente. En las últimas semanas se han producido diversos acontecimientos en todo el mundo que podrían considerarse como los primeros indicios de que el sector de los pagos se moverá por aguas turbulentas en el futuro.
Estos acontecimientos subrayan las importantes deficiencias del sistema de pagos: inclusión financiera, equidad, resiliencia y privacidad.
Tomemos la inclusión financiera. Según la base de datos Global Findex del Banco Mundial, 1 700 millones de adultos no disponen de cuentas operativas con una entidad financiera y, en 2017, casi la mitad de la población mundial adulta (48 %) no había realizado ninguna transacción digital en los doce meses anteriores. Más de 200 millones de microempresas y de pequeñas y medianas empresas tampoco tienen acceso a cuentas bancarias básicas ni a una financiación adecuada. A diferencia de lo que suele pensarse, el efectivo no solo es un mecanismo de pago para las personas vulnerables y sin acceso a servicios bancarios. El efectivo es, y debería seguir siendo, un elemento fundamental en la transición de la exclusión a la inclusión.
¿Y qué hay de la equidad? Según el Informe Económico Anual del Banco de Pagos Internacionales, los afroamericanos tienen menos probabilidades de tener cuentas bancarias que otros grupos en los Estados Unidos, y esa situación también se da en el caso de los europeos con escasos recursos. Las pequeñas empresas suelen asumir los costes más elevados de los pagos con tarjeta, y los datos del BIS demuestran que las transacciones en efectivo siguen teniendo menores costes de procesamiento para los comercios. La base de datos Findex muestra que las mujeres están sobrerrepresentadas entre las personas sin acceso a los servicios bancarios: 980 millones de mujeres, o el 56 % del total, no tienen cuenta bancaria. En algunos países, las mujeres tienen prohibido abrir cuentas bancarias.
La resistencia se ha visto duramente puesta a prueba durante la pandemia. Los bancos han intensificado sus planes de continuidad empresarial destinando personal a centros de recuperación en caso de catástrofe y permitiendo a los empleados trabajar desde casa. En muchos países, los gobiernos han declarado que la distribución de efectivo constituye una actividad económica esencial y ha quedado exenta de las medidas de confinamiento. No obstante, el gran alcance de la crisis y el elevado número de personas confinadas también han obligado a las autoridades a reducir la calidad de los servicios de streaming, como Netflix o YouTube, a fin de evitar la caída de las conexiones de banda ancha.
¿Y qué hay de la privacidad? Se podría pensar que la privacidad ha quedado relegada al final de la lista de las prioridades sociales, ya que las políticas de confinamiento impidieron que miles de millones de personas ejercieran sus derechos más fundamentales: viajar, trabajar, reunirse con amigos y familiares, etc. Sin embargo, cabe señalar que las aplicaciones de rastreo del coronavirus, presentadas por las autoridades como un arma fundamental para vencer al virus, han sido recibidas con frialdad en la mayoría de países. En Singapur, solo el 20 % de la población se ha descargado la aplicación. En Alemania, a pesar de la amplia campaña de marketing, el 14% de la población se ha descargado la aplicación en una semana. En Francia, solo el 3 % de la población se había descargado la aplicación tres semanas después de su lanzamiento. Noruega suspendió su uso por motivos de privacidad. En India, la única democracia donde la aplicación es obligatoria, los activistas que defienden la privacidad recurrieron legalmente dicha imposición. En España se ha informado de que el gobierno había accedido a los datos de consumo de las empresas y de los ciudadanos a través de tarjetas de crédito y débito para supervisar la evolución de la pandemia.
El efectivo ofrece privacidad financiera gracias a su anonimato. Una democracia sana necesita la privacidad financiera, un aspecto que las autoridades de todo el mundo reconocen cada vez más. Un documento del Fondo Monetario Internacional sobre monedas digitales emitidas por bancos centrales constata lo siguiente: “Al diseñar dinero, las autoridades nacionales ya se enfrentan a una disyuntiva entre satisfacer las preferencias legítimas de privacidad de los usuarios y la atenuación de los riesgos para la integridad financiera”. Aún está por ver que las monedas digitales emitidas por los bancos centrales ofrezcan la misma privacidad financiera que el efectivo.