Garantizando la aceptación del efectivo

El nuevo Real Decreto de Ley 24/2021 garantiza la libertad de uso del efectivo en cualquier momento y en cualquier establecimiento. En concreto, la nueva normativa recoge una propuesta del Ministerio del Consumidor que estipula que “la negativa a aceptar el pago en efectivo como medio de pago dentro de los límites establecidos por la normativa tributaria y de prevención y lucha contra el fraude fiscal” constituye una infracción en contra de los intereses de consumidores y usuarios.

Este Real Decreto, de 2 de noviembre de 2021, de transposición de directivas europeas, publicado en el Boletín Oficial del Estado el 3 de noviembre, entró en vigor el 4 de noviembre.

Con esta medida, que establece la obligatoriedad de aceptar efectivo en cualquier establecimiento o impone una sanción en caso de incumplimiento, se garantiza el derecho de los consumidores a la libertad en la elección del medio de pago y se pone fin así a las recientes propuestas, realizadas de forma puntual, por parte de algunos establecimientos que promueven una política sin efectivo.

Con esta norma, España se alinea con diversas iniciativas legislativas internacionales, como las promovidas en Francia o en numerosos estados de Estados Unidos, que regulan para garantizar y proteger el uso del efectivo. También está en línea con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que el pasado febrero dictaminó que los pagos en efectivo deben ser aceptados en toda Europa.

Esta medida legislativa cuenta con el pleno respaldo de la opinión popular, como demuestra la “Encuesta sobre la necesidad de permanencia del efectivo”, encargada por la Plataforma Denaria, una organización que aglutina intereses conjuntos en torno a la defensa del efectivo y que pretende advertir sobre los riesgos de limitar el uso de efectivo en pagos. El 90% de los españoles defiende la necesidad del efectivo como medio de pago, más del 70% de la población considera que el efectivo es necesario en nuestra sociedad, y el 77%, además, lo califica de “bien público”.

Armonización con el plan antiblanqueo de la UE

Un nuevo reto para España en materia de armonización con la Unión Europea y con la mayoría de los países de su entorno radica en el límite establecido para los pagos en efectivo. En este sentido, España ha fijado un límite de 1,000 euros para pagos en efectivo entre empresas y profesionales, como consecuencia de la modificación de la ley de Fraude Fiscal aprobada este año, mientras que la Comisión Europea presentó el pasado mes de mayo un paquete de propuestas legislativas, en el marco de la lucha contra el blanqueo de capitales, que fijaría un límite de 10,000 euros para los pagos en efectivo, una barrera significativamente mayor que el umbral español.

Los medios de comunicación jurídicos han señalado la enorme diferencia de percepción entre el Gobierno español y la Comisión en una cuestión que pretende armonizar las acciones en toda la Unión Europea, lo que dificultaría el ajuste de criterios sobre el uso de efectivo. La Plataforma Denaria insta al Gobierno a revisar la modificación de la Ley de Fraude Fiscal y alinear las cuantías establecidas con las propuestas europeas para garantizar la libertad de elección del consumidor y del comercio.

Los españoles, a favor de garantizar la aceptación del efectivo

La “Encuesta sobre la necesidad de permanencia del efectivo” revela que nueve de cada diez españoles -más de 30 millones de personas- están a favor de la permanencia del efectivo y se oponen a su desaparición en favor de otros medios de pago. Además, hasta el 88% de la población cree que los consumidores deben tener garantizado el derecho a pagar en efectivo.

Geográficamente, la permanencia del efectivo es fuertemente apoyada por los españoles que viven en las localidades más pequeñas: el 91% en los municipios de entre 10,000 y 50,000 habitantes y el 90% en los de menos de 10,000 habitantes.

En la misma línea están los resultados de la encuesta realizada por el Banco Central Europeo en julio de 2020 para analizar el posible impacto de la pandemia del Covid-19 en los hábitos de pago de los ciudadanos. Los resultados muestran que cuatro de cada diez encuestados utilizaron  efectivo con menos frecuencia desde el inicio de la crisis sanitaria, pero la mayoría de ellos esperaba poder volver a utilizarlo con la misma frecuencia después de la crisis.

“Estos datos demuestran que existe un apoyo generalizado de los ciudadanos a la continuidad del uso del efectivo y a su coexistencia con otros medios de pago, para que cada uno pueda elegir el que más le convenga en cada momento”, afirma Denaria.

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