India: Cuestionables fundamentos constitucionales de la desmonetización de Modi

En 2016,  el Gobierno de Modi eliminó el curso legal de los billetes de INR500 y INR1,000 para frenar el financiamiento al terrorismo y reducir el tamaño de la economía sumergida. La medida causó dificultades a los trabajadores informales y a las mujeres no bancarizadas, con largas colas en los bancos y disturbios.

Poco después, varios grupos presentaron peticiones de interés público ante el Tribunal Supremo indio, cuestionando la validez de la medida. Según Namita Wahi, investigadora del Centro de Investigación Política (Centre for Policy Research) de Delhi, la desmonetización atentaba contra los “derechos fundamentales de libertad de movimiento, artículo 19.1.d; de comercio o empresa, artículo 19.1.g; de subsistencia, y en el caso de los fallecidos, de vida (artículo 21); de igualdad (artículo 14); y el derecho constitucional a la propiedad (artículo 300A)”.

Según el artículo 26(d) de la Ley del Banco de Reserva de la India, aunque el gobierno tiene potestad para cancelar el curso legal de cualquier serie de billetes, la desmonetización de 2016 habría requerido la aprobación de una ordenanza en el Parlamento, como en 1946 y 1978, y no una acción ejecutiva para extinguir el valor de los billetes, técnicamente deuda emitida por el Banco de Reserva de la India (RBI). Como dijo Wahi

Vivimos en un país gobernado por el imperio de la ley, y no por el imperio de los hombres. Los objetivos de la notificación de desmonetización pueden ser loables, pero que la notificación logre esos objetivos es discutible. Pero, tal y como existe, la notificación de desmonetización es ilegal y viola la Constitución.

Austria: El efectivo protege el derecho a la privacidad

En 2016, el Banco Central Europeo dejó de emitir la denominación de €500. Harald Mahrer, entonces viceministro de Economía de Austria y actual presidente de la Cámara Económica de Austria, expresó su oposición a la propuesta y se declaró partidario de consagrar en la Constitución el derecho de los ciudadanos a utilizar efectivo para proteger su privacidad, durante una entrevista con la emisora de radio pública Oe1:

No queremos que alguien pueda rastrear digitalmente lo que compramos, comemos y bebemos, qué libros leemos y qué películas vemos. Lucharemos en todas partes contra las normas [anti-efectivo].

En mayo de 2021, la Comisión Europea propuso introducir un límite de €10,000 en los pagos en efectivo como parte de un paquete legislativo contra el lavado de dinero. Gernot Blümel, ministro austriaco de Finanzas, se opuso a la medida, debido a las libertades de los ciudadanos y el hábito resistente a pagar en efectivo a pesar de la pandemia de Covid-19:

Austria está comprometida con las medidas contra el blanqueo de dinero y la lucha contra la financiación del terrorismo. Sin embargo, dudo que un límite general de efectivo sea eficaz en este sentido. Es ilusorio creer que la restricción del dinero en efectivo conducirá a una menor actividad delictiva. […] Desde Austria, hay un claro sí a la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo y un no igualmente claro a los ataques contra el efectivo. El efectivo da a la gente una sensación de seguridad, independencia y libertad. Queremos preservar esta libertad para la gente.

En octubre, el Banco Central puso en marcha la Plataforma Euro Cash 360°, junto con la Casa de Moneda de Austria, interlocutores sociales y otros grupos de interés, para reforzar y salvaguardar el papel del efectivo facilitando un diálogo abierto. La plataforma promueve abiertamente el efectivo, en marcado contraste con la tradicional neutralidad de la mayoría de los bancos centrales.

Paralelamente, más de medio millón de austriacos han firmado una petición solicitando un referéndum sobre la consagración constitucional del derecho a pagos ilimitados en efectivo. Las peticiones que reciben más de 100,000 firmas requieren un debate en el Parlamento.

México: Derecho constitucional a los pagos en efectivo en las apps de movilidad

Desde la llegada de Uber a México en 2013, varios gobiernos estatales (entre ellos Ciudad de México y Puebla) han prohibido las tarifas en efectivo en las plataformas de movilidad. En 2017, varios legisladores de Colima presentaron un caso ante la Suprema Corte del país contra la ley de movilidad del estado de 2015 que prohibía las tarifas en efectivo en las apps de movilidad.

En noviembre de 2018, la Suprema Corte dictaminó que la prohibición era inconstitucional. El fallo de 8-3 reunió la mayoría necesaria para sentar un precedente vinculante.

El artículo 172 de la Ley de Movilidad Sustentable de la entidad es inconstitucional porque viola el artículo 28 constitucional, ya que prohíbe el pago en efectivo como contraprestación del servicio de transporte privado por arrendamiento a través de aplicaciones tecnológicas. Si el texto constitucional establece la existencia del Banco de México y entre sus atribuciones, prevé el monopolio de acuñar moneda y emitir billetes y, más aún, si las monedas metálicas que acuña y los billetes que emite son la moneda corriente en territorio nacional, cualquier disposición que prohíba el uso del efectivo para solventar el pago de una obligación, cualquiera que sea la causa de ésta, deviene inconstitucional porque estaría despojando de cualquier utilidad o propósito las atribuciones que la Constitución le confirió al Banco de México. El hecho de que existan medios alternativos de pago, como las tarjetas de crédito o débito no suplantan el dinero en efectivo. La prohibición aludida genera un prejuicio y trato discriminatorio injustificado, al excluir automáticamente a quienes carecen de un instrumento de garantía de pago como lo es una tarjeta de crédito, pero también tendría un impacto en los propietarios de los vehículos destinados al servicio privado de transporte y a sus conductores que perderían a un gran número de personas que constituyen la contraparte natural para el desarrollo y culminación de una actividad lícita y sustentable (SCJN AI 13/2017: 6-7, DOF 2018).

“Estamos celebrando esta resolución. Nuestra operación, y todas las personas que ahora están decidiendo pagar sus viajes en efectivo, ahora están protegidas por la Suprema Corte”, dijo Sergio Romero, director jurídico de Uber en México.

Mientras que la Secretaría de Movilidad (Semovi) de la Ciudad de México ha seguido prohibiendo los pagos en efectivo en las aplicaciones de transporte, Uber ha seguido aceptando tarifas en efectivo. “Creemos que es un derecho constitucional de nuestros usuarios y conductores”, dijo Federico Ranero, director general de Uber en México.

Países Bajos: El derecho constitucional a la privacidad respalda el uso de efectivo

En el documento “El papel y el futuro del efectivo” (“The Role and Future of Cash,” DNB 2020: 42-43), Jurgen Spaanderman, asesor principal del Departamento de Política de Efectivo, De Nederlandsche Bank, afirma:

La privacidad es un derecho constitucional (artículo 10 de la Constitución holandesa). La gente puede preferir el anonimato en el caso de compras específicas, por ejemplo en la farmacia o al comprar un regalo. El efectivo es imposible de rastrear gracias a su forma física, lo que permite al comprador permanecer en el anonimato e impide al receptor utilizar los datos de pago con fines comerciales. Los bancos tampoco pueden utilizar estos datos de pago con fines comerciales, ya que no intervienen en los pagos en efectivo. Por último, pero no menos importante, los pagos en efectivo están fuera de la vista de las autoridades. El gobierno impone cada vez más restricciones al uso anónimo de efectivo para prevenir el lavado de dinero y la delincuencia a través de los pagos en efectivo. El DNB da la bienvenida a medidas adicionales contra el lavado de dinero siempre que no obstaculicen el buen funcionamiento de los pagos en efectivo en transacciones legítimas.

En abril de 2022, los principales bancos holandeses, la Asociación Holandesa de Pagos, representantes de los consumidores, minoristas, hostelería, gasolineras, proveedores de servicios de efectivo y el DNB firmaron un Pacto del Efectivo para garantizar que el efectivo siga funcionando correctamente. En principio, los acuerdos tendrán una vigencia de cinco años.

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