Países Bajos: Legislación para rescatar el efectivo

Infraestructura del efectivo en los Países Bajos

El uso de efectivo en los puntos de venta holandeses ha disminuido significativamente en la última década. La proporción de efectivo en los pagos se ha acercado al 20% desde 2020 (Memorándum CPA 2024: 1). Según el estudio SPACE 2022 del Banco Central Europeo (BCE), los Países Bajos son el penúltimo país de la zona del euro por volumen de pagos en efectivo después de Finlandia. El efectivo tiene la proporción más baja de pagos de persona a persona de la zona del euro. Los consumidores neerlandeses tienen las menores tenencias de efectivo, con 46 euros.

Los servicios y la infraestructura de efectivo se han reducido, sobre todo después de que los tres principales bancos (ABN AMRO, ING y Rabobank) fusionaran sus cajeros automáticos en la empresa conjunta Geldmaat en 2019. Los cajeros automáticos para retirar efectivo disminuyeron un 29.1%, de 7,226 en 2018 a 5,122 en 2023; los cajeros automáticos de recirculación que combinan las funciones de retiro y depósito se redujeron un 34.2%, de 2,960 en 2018 a 1,948 en 2023 (Memorándum CPA 2024: 5). Los Países Bajos son el segundo país de la zona del euro donde más empeoró el acceso al efectivo entre 2019 y 2022.

La reducción de la infraestructura de efectivo ha llevado a la consolidación del mercado de transporte de fondos. En 2010, había tres grandes empresas de transporte de fondos: Brink’s, SecurCash y G4S. En la actualidad, Brink’s controla el 90-95% del mercado holandés de transporte de fondos, y dos empresas más pequeñas (Ziemann y VTS) prestan servicio a establecimientos y a distribuidores independientes de cajeros automáticos (CPA Memorandum 2024: 6).

Aunque el uso de efectivo en los Países Bajos ha disminuido , entre 1.3 y 1.5 millones de holandeses dependen del efectivo en sus transacciones diarias, según una estimación aproximada de McKinsey para 2020 (CPA Policy Compass 2024: 1c). En 2022, el 13% de los consumidores neerlandeses declararon que el efectivo era su instrumento de pago preferido; una pluralidad (46%) considera muy o bastante importante tener la opción de pagar en efectivo. Una investigación reciente del Banco Central de los Países Bajos (DNB) reveló que casi 2.6 millones de personas no gestionan su banca digital de forma independiente (Broekhoff et al.  2023: 6).

Los acuerdos voluntarios para preservar el efectivo son insuficientes

El efectivo sigue siendo importante como instrumento de pago para las personas con discapacidades visuales, cognitivas o móviles, los inmigrantes no occidentales y quienes prefieren utilizarlo para administrar sus gastos y pagar de forma anónima. Un documento del DNB concluía que el efectivo desempeña un papel esencial para una parte sustancial y diversa de la población: el 7% de la población depende exclusivamente del efectivo, y el 28% dice que no puede prescindir de él. También es la única solución de contingencia en caso de interrupción de los pagos electrónicos.

Publicado a principios de 2021, el estudio del DNB “The Future of the Cash Infrastructure in the Netherlands” (El futuro de la infraestructura del efectivo en los Países Bajos) recomendaba acuerdos voluntarios y legislación para mejorar el funcionamiento del sistema de pagos en efectivo. En abril de 2022, las partes interesadas del sector de pagos acordaron el Pacto del Efectivo, que enumera acciones voluntarias para mejorar la calidad de los servicios de efectivo. “The Future Design of the Cash Chain (TICKET, El futuro diseño de la cadena de efectivo)”, un informe de mayo de 2023 encargado por el DNB y el Ministerio de Hacienda, concluyó que los acuerdos voluntarios no serían suficientes y que sería necesaria una legislación especial.

La Ley de Pagos en Efectivo

La Ley de Pagos en Efectivo (CPA, por sus siglas en inglés) pretende “organizar el establecimiento y el financiamiento de la cadena del efectivo de forma que se ofrezca un nivel socialmente deseable de servicios de efectivo a largo plazo, y que el efectivo siga siendo utilizable como medio de pago” (Memorándum CPA 2024: 8). La CPA se dirige tanto a los grandes bancos como a las empresas de transporte de fondos como principales interesados en preservar los servicios de efectivo en los Países Bajos.

La CPA modificaría la Ley de Supervisión Financiera para obligar a los bancos con al menos 50,000 titulares de cuentas a maximizar el acceso a la infraestructura de efectivo (Proyecto de Ley de la CPA 2024: 1-2). La responsabilidad de financiar un nivel básico de infraestructura de efectivo recaería principalmente en ING, Rabobank y ABN Amro, como propietarios de la red de cajeros automáticos Geldmaat. No obstante, también incluiría a operadores no holandeses que han ganado cuota de mercado, como Revolut.

La CPA modificaría la Ley Bancaria para convertir al DNB en supervisor de las empresas CIT con el fin de garantizar la continuidad de los servicios de transporte de fondos. Las empresas de transporte de fondos tendrían que informar de la cobertura geográfica de las “ubicaciones únicas […] para la entrega o recogida de billetes o monedas en euros” y facilitar al banco central información sobre sus actividades y resultados financieros (Proyecto de Ley de la CPA 2024: 3-4).

La CPA se sometió a un periodo de consulta del 26 de enero al 8 de marzo de 2023. Entre las partes interesadas se encuentran agentes del sector, el DNB, empresas de transporte de fondos, operadores de cajeros automáticos y organizaciones de consumidores y de la sociedad civil. Hay 37 respuestas públicas a la consulta.

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